Los juicios rápidos ( y II)

(Viene de una entrada anterior)

Tras recibir el juzgado de guardia el atestado policial junto con las pruebas incoará diligencias urgentes con la participación activa del Ministerio Fiscal. Asimismo, recabará los antecedentes penales. Esto  es muy importante, al efecto de ver si por una posible pena menor de dos años el delincuente ingresa en prisión o no. Obviamente, de no haberse recibido recabará los informes periciales.

Si no se hubiera hecho, el juez ordenará cuando sea pertinente que el médico forense examine a las comparecientes. Igualmente, se procederá a la tasación de bienes intervenidos para comprobar su valor económico.

Seguidamente, se tomará declaración al detenido donde se le informará de sus derechos,  de los hechos que se le imputan y se le requerirá que designe un domicilio para notificaciones. Luego se tomará declaración a los testigos, si los hubiere.

Si fuera necesario se practicará una rueda de reconocimiento, se podrá realizar un careo entre testigos e imputados que se contradigan y cualquier otra diligencia oportuna para esclarecer el caso.

Asimismo, la ley prevé la posibilidad de adelantar la práctica de las pruebas (respetando la contradicción de las partes) si se piensa que no fuese posible practicarla el día del juicio (por ejemplo porque se vaya a morir un testigo). Dicha prueba se reproducirá o se leerá íntegramente el día del juicio, teniendo la misma validez que si se hubiera practicado en la vista oral.

El juez escuchará  al ministerio fiscal y a las partes sobre las resoluciones previstas y podrán solicitar las que crean convenientes  y el juez decidirá  si son o no pertinentes. Si no son suficientes, ordenará que continúen las diligencias previas del procedimiento abreviado.

Luego adoptará medidas cautelares que crea oportunas contra el detenido o frente al responsable civil y decidirá si  procede la devolución de los objetos intervenidos.

Si el juez ordena continuar el procedimiento, tras oír a todas las partes para que se pronuncien, decidirá si se produce la apertura del juicio oral o el sobreseimiento.

Abierto el juicio oral, si no se hubiera constituido acusación particular, el ministerio fiscal presentará de inmediato el escrito de acusación, incluso tiene la posibilidad de hacerlo oralmente.

Si hubiere acusación particular y hubiera instado a la apertura del juicio oral, el juez le dará un plazo de dos días a dicha acusación y al ministerio Fiscal para que presenten los escritos de acusación.

Si el Ministerio Fiscal no presenta el escrito en los dos días, el juez requerirá al superior jerárquico del Fiscal para que los presente en otros dos días. Sin tampoco lo hiciera se decretará el sobreseimiento libre del detenido.

El acusado, en vista a dicha acusación, podrá mostrar su conformidad o presentar escrito de defensa. También cabe la posibilidad de hacerlo oralmente. Una vez presentado este escrito de defensa el Secretario citará a las partes para el juicio oral.

Normalmente, ningún abogado que va a asistir a un detenido y tiene un juicio rápido, lleva confeccionado el escrito de defensa, entre otras cosas porque no sabe de qué va el tema hasta que llega al juzgado o asiste al detenido en dependencias policiales. Por lo que tras el escrito de acusación, el abogado defensor solicitará un plazo de cinco días para presentar el suyo, salvo que lo quiera hacer sobre la marcha y oralmente.

El juicio, por tanto, se celebrará en la fecha más próxima posible y siempre dentro de los quince días siguientes.

Sin perjuicio de celebrar el juicio oral de acuerdo a lo regulado legalmente, el acusado podrá manifestar su conformidad ante el juzgado de guardia  y este dictará inmediatamente sentencia. Para ello será necesario que concurran los siguientes requisitos:

1º.- Que no hubiese acusación particular y que el Mº Fiscal hubiera solicitado la apertura del juicio oral.

2º.- Que los  hechos objeto de acusación hayan sido calificados como delitos castigados con penas de hasta tres años de prisión y con otras penas no mayores de diez años.

3º.- Que la pena solicitada o la suma de las solicitadas no superen, reducido un tercio, los dos años de prisión.

En el juicio oral, y antes de practicarse la prueba instada, la defensa podrá pedir, con la conformidad del acusado presente, que se dicte sentencia de conformidad con el escrito de acusación. Esto es para buscar agilidad en los trámites y si se ve por la defensa que no existen muchas posibilidades de prosperar sus argumentos de defensa. El juez, oído al acusado y expresada personalmente su conformidad, dictará sentencia si las penas son las correspondientes. Dicha sentencia de conformidad se dictará 'in voce' (oralmente) y se documentará posteriormente. Si las partes manifiestan su intención de no recurrirla, el juez, asimismo, dictará la firmeza de la Sentencia.

Si no existe conformidad se procederá a la práctica de la prueba lo más concentradamente posible (esto es, si es posible, toda en un mismo acto). La Ley prevé que no se podrá suspender el juicio por falta de tasación de los bienes incautados, de los daños o falta de acreditación de la sanidad, salvo que sea requisito indispensable para la calificación de los hechos. La determinación cuantitativa, en esos casos, se diferirá al trámite de ejecución de la sentencia.

Terminada la práctica de la prueba, el juez requerirá a las partes para manifiesten si ratifican o modifican sus escritos de acusación y defensa, y que, oralmente, valoren la prueba practicada y la calificación jurídica de los hechos.

Si en las conclusiones la acusación cambia la tipificación penal el juez podrá considerar, a petición de la defensa, un aplazamiento con un límite de diez días para preparar las alegaciones y aportar nuevas pruebas.

Según ley la sentencia se dictará dentro de los siguientes tres días desde la terminación del juicio.  Dicha sentencia también se podrá dictar oralmente en el acto del juicio, con una mínima fundamentación, y con una más detallada redacción ulterior.

La sentencia no podrá imponer más penas que las solicitadas por las partes y se notificará por escrito a los ofendidos y perjudicados  aunque no hayan sido parte del proceso.

La sentencia se podrá recurrir en apelación dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la misma.

Esto es, grosso modo, lo que está regulado para los juicios rápidos en nuestro país y que hace que muchos procedimientos penales no se atasquen en los Juzgados.

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ERE’s, el coladero nacional.

Tras la reforma laboral sufrida en nuestras nacionales carnes hemos ido comprobando que muchos empresarios, carentes de escrúpulos y honradez, han aprovechado dicha coyuntura normativa para adelgazar sus plantillas.  Lo hemos visto por doquier.

Hasta ahora solo bastaba con cumplir los requisitos que exigía la ley para hacer un ERE[1]. Así, la empresa presentaba una contabilidad que mostrara las dificultades por las que estaba pasando, tan solo bastaban tres meses, y se comparaban con los meses del año anterior, y si realizando la comparación, se demostraba que los tres meses de este año eran peores que los del anterior el ERE era correcto. Tiene el ERE otros requisitos, por supuesto, pero básicamente era eso, mostrar que los resultados son peores, que no tiene que significar que existan pérdidas.

(Algunos me podréis decir que no es tan simple que la contabilidad muestra la realidad de la empresa y si los números cantan que va mal es que la situación es así de nefasta. Pero yo le contestaría lo que me contestó un profesor de contabilidad financiera, que los números dicen lo que uno quiera, tan solo hay que saber hasta dónde torturarlos).

Pues bien, como decía muchos espabilados empresarios han aprovechado ese gran agujero negro legal para disminuir el número de trabajadores y quitarse a algunos que pudieran ser molestos. Y todos a callar. Todo iba sobre la seda para estos aprovechados sin que se pudiera hacer mucho más que humillar el morro y pasar por el aro.

Pero hete aquí que tras una investigación realizada por la Inspección de Trabajo y que acabó en sentencia del TSJ, se demostró que una empresa de Murcia pretendía realmente "aprovecharse ilegalmente" de la reforma laboral para recortar su plantilla a bajo coste, además de "castigar" al sindicato UGT y a determinados trabajadores por presentarse a las elecciones sindicales en la empresa.

Entre el cúmulo de irregularidades cometidas por la empresa, explica el sindicato en comunicado de prensa, destaca el intento de la empresa de 'utilizar la legislación vigente' para ocultar una clara represalia hacia los trabajadores que formaban parte de la candidatura de UGT en estas elecciones sindicales.

La sentencia del TSJ que decidió el asunto  recoge literalmente que "existe un interés encubierto de la empresa de expulsar de ella al mayor número de dichos candidatos de UGT", al no llamarlos a trabajar según su número de orden, como indica la legislación en el caso de los fijos discontinuos.

Por otra parte, según la Inspección de Trabajo y el Ministerio Fiscal, ha quedado patente la falta de justificación de las causas productivas y económicas, ya que justo antes de que UGT promoviera las elecciones sindicales y una jornada de huelga en protesta por el despido de un trabajador, la empresa había contratado a siete trabajadores nuevos, haciéndolos fijos discontinuos, dado el alto volumen de carga de trabajo que tenía la empresa en los siguientes meses.

El TSJ de Murcia concluye en su sentencia de 17 de enero de 2013 que se declara nulo el ERE de Conservas Martínez García SL por violación de derechos fundamentales de indemnidad (esto es represalias como el despido tras reclamar algo a lo que tienes derecho) y libertad sindical, condenando además a la mercantil a pagar a FITAG-UGT la cantidad de 3.000 euros en concepto de daños y perjuicios.

Gracias a Dios existen funcionarios que no solo aplican la ley, sino que imponen el sentido común a sus resoluciones.  Mantenemos la esperanza.

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[1] Los ERE son unos mecanismos más complejos que lo que expreso en este escrito, pero no me puedo detener a escribir todos los pormenores y requisitos de los mismos por lo extenso del asunto. Quien quiera más información puede visitar http://www.empleo.gob.es/es/guia/texto/guia_6/contenidos/guia_6_18_1.htm

Los buenos son malos y las víctimas los de siempre.

Quiero comentaros una sentencia del Tribunal Supremo, que he leído en la página Web de la Cadena Ser (la noticia fue escrita por Alberto Pozas el 25-2-13) que me parece execrable y no porque sea jurídicamente cuestionable, sino por los hechos que se recogen en ella.

Cuando alguien acude a un abogado lo hace por necesidad, no porque quiera compañía. Si nos viene un cliente es para que le solucionemos un problema y es nuestro deber ayudarlos como mejor sepamos, incluso sin garantizar el éxito, pero sí la buena praxis y por ello le emitimos las correspondientes minutas.

Como en todo colectivo, el gremio de abogados no está libre de profesionales sin escrúpulos, estafadores y malas personas. Pero lo que me lleva a traer aquí esta noticia es que engañar a tu propio cliente para beneficiarte tu, me parece de tan bajeza moral que tenía la necesidad de exponerlo para desahogarme. Pero a mayor hijoputez (no se me ocurre otra palabra más contundente), si encima si los clientes son una pareja que tienen discapacidades psíquicas y que ponen en las manos del abogado su futuro y el profesional los engaña cruelmente, dicho profesional, por llamarlo de alguna forma, no es digno de ejercer esta profesión y debe pudrirse en  la cárcel un buen período de tiempo hasta que se le quiten las ganas de volver a perpetrar tan vil acción.

Como digo el Tribunal Supremo ha confirmado, a Dios gracia,  dos condenas de seis años de cárcel para una abogada y una empleada del despacho Abogados que estafaron a la pareja con minusvalías psíquicas. Las dos condenadas  les convencieron de que, si querían recuperar a sus hijos, tenían que vender su casa y comprarse una más grande y mejor acondicionada. Las dos condenadas supervisaron el proceso de venta y, aprovechando la "indudable capacidad de comprensión" de las víctimas, se quedaron con el piso, que posteriormente vendieron para beneficio propio.

Explico el caso desde el principio. El matrimonio, acudió al despacho de abogados para intentar recuperar a sus hijos menores de edad, declarados en situación de desamparo e ingresados en un Centro de Protección de la Junta de Andalucía. Las dos condenadas convencieron al matrimonio, aprovechando la minusvalía psíquica de ambos, de que necesitaban mudarse a un piso más grande para que la Junta de Andalucía decidiera devolverles la custodia de sus hijos. Las dos orquestaron la venta del inmueble, propiedad de una de las víctimas y su hermana, y finalmente les hicieron vender la casa a una empresa propiedad de una de las condenadas. También aprovecharon su discapacidad para hacerles firmar las escrituras, en las que constaba el precio de la venta, aunque las víctimas no recibieron ningún dinero. Posteriormente, las estafadoras vendieron el piso por 115.000 euros.

Es el Tribunal Supremo quien confirma la condena que la Audiencia Provincial de Sevilla impuso a estas dos mujeres: seis años de cárcel para cada una por un delito agravado de estafa, los mismos años de inhabilitación para sus respectivas profesiones y también deberán indemnizar a las propietarias del piso, una de las víctimas y su hermana, con 178.920 euros.

Igualmente, según el periodista, no es la primera vez que una estafa procedente de ese despacho de abogados llega a los tribunales: un juzgado de Barcelona ordenó la paralización del desahucio de un ciudadano marroquí que denunció haber sido estafado por este mismo despacho.

Por lo que nos encontramos ante unos personajes que han estado perpetrando fechorías hasta que los han trincado y que no tenían ningún tipo de escrúpulos de engañar a los más débiles. Por ello desde aquí quiero dejar claro que esas personas no deben estar en un colectivo como es el de Abogados y a su vez, partir una lanza por el resto de profesionales que tan dura y dignamente nos ganamos la vida ejerciendo esta profesión.