El pasado mes de abril se aprobó con el apoyo
parlamentario de PP, PSOE y CIU la nueva Ley General de Telecomunicaciones. Curioso
consenso.
No voy a entrar en aspectos técnicos puesto que no
tengo ni idea de telecomunicaciones, pero de lo que voy a hablar son de
derechos que eso sí me suena algo.
Con la nueva ley, recordad quién lo ha aprobado
(partidos que casi nunca se ponen de acuerdo en nada), las operadoras de
telefonía móvil tendrán el derecho de expropiar, como si fuesen
administraciones públicas, los espacios privados, azoteas u otros, para el
desarrollo de su red de comunicaciones. Esto es siempre que basen su proyecto
en un principio de utilidad pública, que en la práctica será siempre.
Entonces, con el apoyo, no olvidemos de PP, PSOE y
CIU, Movistar, Organge, Vodafone u otros, empresas privadas que solo atienden a
sus accionistas y su único propósito es ganar más dinero que el año anterior,
podrán expropiar a la comunidad de vecinos que estén en contra de sus proyectos
las azoteas para instalar una antena (u otra cosa) para que ellos continúen con
sus grandes negocios. Los derechos a precio de saldo.
Al final, y como siempre, los partidos políticos
se han vendido a las grandes empresas, esas que hacen rodar esa puerta
giratoria que existe entre las empresas y los políticos.
Los tres partidos han defendido, curiosamente, la
nueva ley asegurando que esto facilitará el despliegue de las redes fijas y
móviles (es obvio) y que mejorará el servicio a los ciudadanos bajando el
precio de las líneas. No sé. Lo que sí sé
es quién ganará más dinero.
Y me pregunto ¿dónde están los derechos de los
propietarios de esos espacios privados? ¿Los ha vendido una tercera persona
ajena? ¿Acaso ya no existe la propiedad privada porque si es así que me lo
digan? ¿Vale todo con tal de que el negocio para algunos continúe?
Los políticos venden cualquier cosa, incluso
nuestros derechos, esos que sobre los que en principio no deberían tener
legitimidad para transmitirlos, con tal de que los lobistas sigan ingresándoles
los suculentos emolumentos.
Pero es que, además, con esta nueva ley, las
compañías telefónicas ya no tendrán que solicitar las licencias urbanísticas y
medioambientales a los Ayuntamientos para la instalación de sus antenas en
esos espacios privados. Bastará con
presentar una declaración responsable en el Ministerio de Industria en donde se
explique que el proyecto se fundamenta en un principio de utilidad pública. Si no
fuera tan patético hasta me daría la risa.
Esta es otra ley claramente anticonstitucional. Otra.
Como nos tiene ya acostumbrados este Gobierno, aprobando leyes de dudosa
garantía constitucional, este nuevo texto legal viola claramente el derecho a
la inviolabilidad del domicilio y otorga poderes a las operadoras, con el
derecho de expropiación, que está reservado exclusivamente a las
administraciones públicas.
Para ellos, los políticos me refiero, el hecho de
que una empresa de telefonía como Vodafone, Movistar u Orange instale una
antena para que sus negocios vayan a más, es equiparable al hecho de construir
una carretera o un hospital.
Como vemos, España está de saldo. Se vende la piel
de toro a precio barato. Todo vale con tal de seguir con el consumo y que el
negocio de los que a lo mejor los contratan en sus consejos de administración
continúe viento en popa. Un ejemplo más de lo podrido que está nuestro sistema
en el que, una vez más, se nos despojan de nuestros derechos en interés de unos
pocos. Porque siempre ganan los mismos a costa de los de siempre.
¡Valientes políticos!
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