Gallardón el ‘burocratizador’.

Seguimos con Gallardón que se está esforzando, y mucho, en ser el peor ministro de la historia. Hay egos que hunden a la propia persona portadora. Y él insiste en ser el más voraz aniquilando derechos.

Como decimos, continuamos analizando las andanzas de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante LOPJ) y los auténticos varapalos que se está llevando este señor, a fe mía, con toda justicia.

Otra (porque son muchas) de las cosas que quería cambiar este hombre con su reforma de la ley es que en el artículo 100 del anteproyecto el Tribunal Supremo debería establecer con antelación de un año el número de recursos de casación (los recursos que se presentan ante ese Alto Tribunal) que vaya admitir para el siguiente año. Así, por ejemplo el tribunal tendría que decir: el año 2015 se admitirán 1559 recursos. Todo ello independientemente de las controversias existentes y de la necesidad de los ajusticiados. Es decir, si superas la cuota te quedas fuera aunque tengas todas las razones para recurrir, aunque se haya infringido tu derecho y tengas los hechos y pruebas de tu parte.

Pero para mayor inri, o como diríamos en un escrito jurídico, a mayor abundamiento, el tipo quiere establecer por ley (artículo 101 del anteproyecto) que el Tribunal Supremo determine la longitud de los recursos. ¡Quiere que el Supremo determine el número de folios que va a tener tu recurso independientemente del número de argumentos, razones o sentencias en las que te apoyes para defender tu postura! Qué locura.

Pues bien, está tanta gente tan en contra del ministro actor (recordamos su actuación en la última película de Garci “Holmes & Watson: Madrid days”) que por primera vez en la historia el pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo se ha reunido en dos jornadas consecutivas para analizar las reformas pretendidas por este señor.

Y el cachiporrazo que se ha llevado también ha sido histórico. De treinta y seis magistrados, solo dos (supongo con pocas ganas de trabajar), apoyaron su reforma, tachándola de anticonstitucional.

También se ha cuestionado en estas reuniones y rechazado por la Sala III del T.S. la jurisprudencia vinculante que quiere imponer nuestro ministro más dicharachero, pero como ya lo analicé en otra entrada anterior no me detendré en ella, salvo por esto:

Quiere este adalid de la justicia que las Salas tengan que oír a las administraciones públicas antes de fijar su jurisprudencia vinculante para que estas den su visto bueno y que si un ciudadano la invoca los poderes públicos la podrán rechazar justificando sus razones (Art. 32). Es decir, este hombre quiere que exista una jurisprudencia que no se adapte a las necesidades de la cambiante sociedad y que encima los poderes públicos puedan saltarse. Es decir que los políticos, como siempre, se vayan de rositas.

Los jueces le han recordado que ellos se deben a la ley y no a la jurisprudencia ya que entonces esta no hubiera evolucionado nunca. Si los jueces no pudieran adaptar las sentencias al caso concreto existiría  indefensión para los ciudadanos ya que se vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva.

En definitiva, lo que quiere este hombre es burocratizar a los jueces y que no puedan ordenar tanto frente a los políticos que son los que, a su parecer, deben sostener la sartén por el mango.

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De estrados calientes a estrados eternos

Hoy 1 de abril de 2014, he visto un auto del juzgado de lo social nº 2 de Sevilla que cita a la demandante para el día del juicio que se celebrará el 6 de abril de 2018.

Ese tiempo de espera es tan prolongado que dudamos de todo.  No sabemos qué pasará para esa fecha, si el juzgado seguirá allí, si estará viva la reclamante o el juez o la demandada. O los abogados.

Lo que está claro es que cuando la justicia es tan lenta, tan lenta, deja de ser justicia.

Porque lo que reclama esa mujer es que se le pague un dinero por parte del FOGASA que consideran que le deben por un despido. La empresa no hace o no puede hacer frente a la indemnización y se reclama ante el Fondo. ¿Qué sucede si esa mujer depende de ese dinero para sobrevivir? Pues nada no pasa nada. Gallardón comerá tranquilo cada día.

El anterior gobierno, el de Zapatero, reforzó los juzgados más colapsados con jueces sustitutos que celebraban por las tardes. Es decir, por la mañana celebraba el titular y por la tarde el sustituto. Como las camas de los inmigrantes, pero en estrados. Estrados calientes.

Pero llegó la crisis, luego Rajoy y tras él Gallardón. Y entre todos decidieron que había que recortar. Lo que provocó dilaciones indebidas y casi infinitas. Se eliminaron de una tajada los 1.500 jueces sustitutos que estaban haciendo que los juicios se celebraran en un tiempo prudencial y que la cañería de la justicia no tuviera tantos atascos.

Pero con la escusa de la crisis llegó Mariano “manostijeras” y empezó a recortar en todos los ámbitos posibles. Claro en reducir políticos y Diputaciones no, ahí no recorta que hay compañeros.

Pues eso, si con los recortes hacemos que una persona (con pocas posibilidades de reentrar en el mercado laboral, tal y como está el tema) que depende de una indemnización para sobrevivir tenga que esperar cuatro años para que se decida si puede cobrar o no, al final por mucho que le den la razón no existe justicia. Es un mal parche.

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A tomar (in)fanta, presuntamente.

La Infanta Cristina ha sido imputada por el juez que instruye el caso Nóos en la causa abierta a su marido Iñaki Urdangarín. ¡Toma ya! Es la primera vez en la historia que pasa algo igual.

Todos los españolitos de a pie, todos los que religiosamente contribuimos con el Fisco con nuestros impuestos, le pagamos el sueldo a la Infanta. A ella, a toda su enorme familia y a miles y miles de políticos y cargos públicos. Esto es de perogrullo, lo sé

Pero lo que duele del caso es que esta señora, cuando viaja al extranjero, nos representa (aunque no queramos) a todos y cada uno de nosotros, por lo que no solo debería tener la obligación legal y moral de ser honesta y honrada (siempre que realmente no lo fuera, pues todavía existe la presunción de inocencia), sino que, como decía Plutarco, además debe parecerlo.

Vista la situación procesal, presuntamente se le podría condenar por la comisión de los mismos seis delitos por los que, también presuntamente, habría cometido su marido. Pues si  los condenaran finalmente, tras lo que habría que ver la pena que se les impondrían,  pareceríamos gilipollas si continuáramos pagándoles para que continuaran con el tren de vida que hasta ahora estaban llevando. Una vida que muchos quisieran tener (personalmente, yo no), para que enciman se aprovechen presuntamente de sus posiciones para realizar tráfico de influencias, enriquecerse y quién sabe si esconder en paraísos fiscales el dinero.

Una reflexión que me surge inmediatamente, si a un político que condenan se le inhabilita para su cargo público para una serie de años ¿a una infanta también se le podría inhabilitar?

Otra cuestión que me inquieta ¿Por qué la Casa Real y supongo que su máximo representante el Rey dice que le sorprende la actitud del juez?¿Es una sutil forma de actuar diciéndole al juzgador que sabemos quién eres y dónde trabajas?

Y otra pregunta ¿qué imagen se proyecta de España en el extranjero cuando dicha noticia ha corrido como la pólvora por todos los noticiarios foráneos? Por un lado, que en España existe cierta “elite”, y ya no me refiero a la Infanta, que aprovechan su situación pública de poder para sus propios intereses, sin tener los más mínimos atisbos de moralidad y honradez.

Por otro lado, que la Justicia actúa independientemente de los linajes sanguíneos y reales.

Al menos algo hemos aprendido de nuestra historia [1]y nos hemos civilizado un poco, pues ya no echamos a los reyes y a sus familias a gorazos de España, ahora  les imputamos judicialmente.

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[1] La monarquía y la corrupción no es nueva en nuestro país. Fernando VII empleó dinero que Gran Bretaña le había dado para que abandonara el tráfico de esclavos y lo utilizó para comprar unos buques podridos en Rusia. Isabel II también tuvo turbios negocios con las concesiones ferroviarias y con contratas y movimientos financieros. Tanto es así, que Emilio Castelar lo denunció públicamente en su famoso artículo “El rasgo.”