Gallardón el ‘burocratizador’.

Seguimos con Gallardón que se está esforzando, y mucho, en ser el peor ministro de la historia. Hay egos que hunden a la propia persona portadora. Y él insiste en ser el más voraz aniquilando derechos.

Como decimos, continuamos analizando las andanzas de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante LOPJ) y los auténticos varapalos que se está llevando este señor, a fe mía, con toda justicia.

Otra (porque son muchas) de las cosas que quería cambiar este hombre con su reforma de la ley es que en el artículo 100 del anteproyecto el Tribunal Supremo debería establecer con antelación de un año el número de recursos de casación (los recursos que se presentan ante ese Alto Tribunal) que vaya admitir para el siguiente año. Así, por ejemplo el tribunal tendría que decir: el año 2015 se admitirán 1559 recursos. Todo ello independientemente de las controversias existentes y de la necesidad de los ajusticiados. Es decir, si superas la cuota te quedas fuera aunque tengas todas las razones para recurrir, aunque se haya infringido tu derecho y tengas los hechos y pruebas de tu parte.

Pero para mayor inri, o como diríamos en un escrito jurídico, a mayor abundamiento, el tipo quiere establecer por ley (artículo 101 del anteproyecto) que el Tribunal Supremo determine la longitud de los recursos. ¡Quiere que el Supremo determine el número de folios que va a tener tu recurso independientemente del número de argumentos, razones o sentencias en las que te apoyes para defender tu postura! Qué locura.

Pues bien, está tanta gente tan en contra del ministro actor (recordamos su actuación en la última película de Garci “Holmes & Watson: Madrid days”) que por primera vez en la historia el pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo se ha reunido en dos jornadas consecutivas para analizar las reformas pretendidas por este señor.

Y el cachiporrazo que se ha llevado también ha sido histórico. De treinta y seis magistrados, solo dos (supongo con pocas ganas de trabajar), apoyaron su reforma, tachándola de anticonstitucional.

También se ha cuestionado en estas reuniones y rechazado por la Sala III del T.S. la jurisprudencia vinculante que quiere imponer nuestro ministro más dicharachero, pero como ya lo analicé en otra entrada anterior no me detendré en ella, salvo por esto:

Quiere este adalid de la justicia que las Salas tengan que oír a las administraciones públicas antes de fijar su jurisprudencia vinculante para que estas den su visto bueno y que si un ciudadano la invoca los poderes públicos la podrán rechazar justificando sus razones (Art. 32). Es decir, este hombre quiere que exista una jurisprudencia que no se adapte a las necesidades de la cambiante sociedad y que encima los poderes públicos puedan saltarse. Es decir que los políticos, como siempre, se vayan de rositas.

Los jueces le han recordado que ellos se deben a la ley y no a la jurisprudencia ya que entonces esta no hubiera evolucionado nunca. Si los jueces no pudieran adaptar las sentencias al caso concreto existiría  indefensión para los ciudadanos ya que se vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva.

En definitiva, lo que quiere este hombre es burocratizar a los jueces y que no puedan ordenar tanto frente a los políticos que son los que, a su parecer, deben sostener la sartén por el mango.

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Gallardón, el allanador.

Gallardón está haciendo otra de las suyas. Ya ha modificado todo lo que ha podido en la vida judicial y nos ha metido con calzador una ley de tasas que solo quería él y que espanta de la tutela judicial a la gran mayoría de los ciudadanos. Todo lo que ha legislado ha tenido una onda repercusión y, casi todo, por no decir todo (aunque ahora no se me ocurre nada bueno) ha sido en detrimento de la accesibilidad de los ciudadanos a la justicia y a las libertades en general.

Pero lo peor de lo peor está por llegar. Pretende ahora modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante LOPJ).

Con la nueva regulación en curso quiere imponer el silencio de los jueces, obligándoles a ellos y a las asociaciones que los representan a guardar silencio de todos los procedimientos en curso so pena de sanción, por lo que la opinión pública dejaría de tener un análisis técnico cualificado cuando fueran requeridos para tal fin por cualquier medio. También quiere Gallardón que la única voz sea la del CGPJ, voz, como todos sabemos, altamente politizada.

Se les prohíbe realizar comentarios jurídicos o críticas a reformas legislativas de cualquier asunto, no pudiendo pronunciarse públicamente o mediante otro tipo de comportamientos.

Es más, el Consejo podrá ordenar a cualquier medio de comunicación o a un político que deje de informar sobre el trabajo de un juez. En caso de incumplimiento incurrirá en un delito contra la Administración de Justicia. No quieren controles ni opiniones.

Otra reforma es que los decanos de los jueces y las juntas de los jueces también desaparecerán. De la reunión de los 42 decanos de jueces españoles se extraen conclusiones que influyen a los demás jueces y que los políticos no pueden controlar. De hecho, los decanos y las juntas, han aportado soluciones y han acordado criterios ante vacíos legales en esta época de crisis, como es la solución ante las ejecuciones hipotecarias o determinar a partir de qué porcentaje es abusivo un interés de demora. No se admiten soluciones en beneficio del pueblo.

Otro punto de la reforma es que se eliminarán los juzgados de Paz, las Audiencias Provinciales y se crearán los tribunales de instancia en las capitales de provincias, por lo que la justicia estará más lejos de las personas que no vivan en ellas. Se deja de garantizar el juez natural que es aquel que te viene predeterminado constitucionalmente por el lugar donde vives.

Al desaparecer el juez decano se establece el presidente del tribunal de instancia que será nombrado por el CGPJ y será dependiente jerárquicamente del Consejo. Es decir, tendrá que obedecer.

La Audiencia Nacional también quedará reformada para que no existan los incómodos jueces estrellas, y se amplía el estatuto de aforados a la Reina, a su consorte y a los Príncipes de Asturias, pero lo peor, es que cuando un aforado abandone su cargo de diputado o ministro, no dejará de estar aforado, para que lo tengan que juzgar los jueces más amigos.

Pero lo que me parece peor de todo, no es lo anterior que ya de por sí tendría que hacer dimitir a todo el Gobierno por limitar nuestras libertades y derechos, como digo, lo auténticamente maléfico es lo siguiente:

Se crea la jurisprudencia vinculante.

Me podríais decir todos que hasta ahora la jurisprudencia vinculaba, pero no es así exactamente. La jurisprudencia vincula, por el momento, si se daban ciertos requisitos como era similitud de objeto procesal y acción. Es decir, que para casos similares soluciones iguales, pero es que ahora, los juzgados de primera instancia, que son los que tienen contacto directo con los ciudadanos, los que adaptan las sentencias del supremo a las necesidades concretas del caso y se adecuan a las cambiantes realidades sociales, ahora no van a poder hacerlo.

No ha gustado entre los distintos poderes económicos (bancos o grandes compañías a las que luego pertenecerán los políticos tras esa puerta giratoria existente) las soluciones judiciales tomadas por los jueces de instancia y Audiencias Provinciales con el establecimiento de cláusulas abusivas de contratos, productos financieros complejos (tema de preferentes), etc. Este poder económico está enfadado, quería ganar más y más rápido de lo que le están dejando los jueces.

Igualmente, la reforma no permite a los jueces dejar de aplicar las normas españolas cuando colisiones con las europeas (como pasó con el tema de la protección al consumidor y los bancos) sino que obligará, aunque estén en colisión ambas leyes a cumplir la nacional mientras no se legisle para su adaptación.

Por tanto, no se quiere al juez independiente que adopte soluciones según su criterio y en aras de la realidad que observa, se quiere que lo que dictamine el supremo se escriba en piedra y no pueda ser modificado por un juez de provincias o de pueblo que considere que un don nadie tiene más derechos que una empresa de miles de empleados y que factura millones de euros.

En resumen, se quiere que se haga siempre lo que digan los políticos y que no vaya a venir ningún juececillo con ganas de protagonismo a cuestionar la legalidad de sus acciones. Los políticos quieren ser todopoderosos y estar por encima de la ley. Y Gallardón está allanando el camino.

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El aborto y el patriarcado

   Hacer un artículo sobre el derecho al aborto debería ser muy sencillo. Igual que hacerlo sobre el derecho a las operaciones quirúrgicas de juanetes  o sobre la extracción de una muela del juicio, operaciones que nadie discute. En teoría debería ser tan sencillo para una mujer decidir qué hacer con su cuerpo y cuándo hacerlo como lo es para un hombre decidir si se opera de miopía o de menisco. A él nadie le cuestiona nada. Pero en la práctica y en la legislación (y más si Gallardón está por medio), no es así. No tienen las mujeres el mismo poder sobre su cuerpo que los hombres. Bochornoso.

   Así pues, la prohibición del aborto no solo viene marcada, legislada e impuesta por una sociedad históricamente machista que tiende a decidir por las mujeres, para mantener el control que sobre ellas recae, como si ellas no fueran lo suficientemente capaces y cabales sobre sus propios cuerpos, sino que proviene de una estructura, más amplia. Esa red es la llamada estructura del patriarcado.

   Hablar del aborto, por tanto, es hablar del patriarcado, de la dominación masculina y del control sobre el cuerpo de las mujeres. Esto tradicionalmente se ha manifestado legislando sobre ellas sin tenerlas en cuenta.

   Pero ¿qué es o qué forma esta estructura patriarcal?

   Lo primero que habría que diferenciar entre machismo y patriarcado.

   Para explicarlo brevemente, diré que  el machismo es entendido como una actitud individual o colectiva de prepotencia (física o psicológica) de los hombres respecto de las mujeres y el patriarcado es toda una estructura social, un red global, en la que diferentes factores se entrelazan, organizan y se retroalimentan mutuamente para conseguir que esas conductas misóginas se perpetúen en el tiempo. Gráficamente, el machismo es la manifestación del patriarcado y, a su vez, la prohibición del aborto,  una muestra más del machismo de nuestra clase política.

   Pero el sistema patriarcal como podemos deducir engloba mucho más de lo que se entiende por machismo. Éste es solo la punta del iceberg. Lo más evidente. Pero existe todo un engranaje que hace que el patriarcado se imponga en nuestra sociedad, ora de forma grotesca ora delicadamente.

   Pero, como ser machista está cada vez más castigado socialmente en nuestro país y en el resto de países occidentales, los que quieren negar la igualdad de ambos sexos y el derecho de las mujeres buscan, cada vez,  mecanismos de actuación más sutiles para seguir obteniendo lo mismo, es decir, poder sobre las vidas y  cuerpos de las mujeres. De hecho son tan etéreos estos mecanismos que a veces  muchos hombres y mujeres contribuyen a su mantenimiento incluso de manera inconsciente.

   Uno de estos mecanismos es la ignorancia o negación de la realidad. El silencio sobre estos temas o el no llamar a las cosas por su nombre otorgándole sinónimos más bondadosos. Porque lo que no se menciona no existe. De hecho, en la televisión que es el “gran  informador de masas” de nuestra época, no se escucha nada sobre el sistema patriarcal. Cuando se habla de algo parecido es tan solo de machismo.

   Esta global red patriarcal hace todo lo que está en su mano para que no se conozcan públicamente sus hombradas de machitos. De esta forma poco se sabe de ese concepto y habrá poco que achacarle.

   También encontramos a otras personas que simplemente creen que no es para tanto, o que ya se están haciendo suficientes cosas para combatir el machismo, por lo que no se preocupan. Y de esta forma, el patriarcado sigue pasando desapercibido por la gran mayoría.

   Pero hete aquí que lo que se había conseguido en derechos de la mujer durante muchos años y esfuerzos se pretende suprimir, sorpresivamente, con la nueva regulación del aborto, con el Ministro Gallardón como creador y la Iglesia Católica como promotora ideóloga.

   De hecho, ha sido tal la avalancha de opiniones en contra del proyecto de Gallardón, por desfasada y restrictiva, que tanto desde su propio partido, como desde la sociedad en general se han opuesto de forma visceral. Es curioso que hasta  la ultraderechista francesa, Marine Le Pen, ha manifestado que no apoyaría en Francia una ley como la de Gallardón. 

   ¿Quiere esto decir que Gallardón le adelanta por la derecha?

  Como digo ha sido tan general la oposición encontrada por este proyecto que ha conseguido que los populares nerviosos se hayan visto obligados a posponer su tramitación parlamentaria para que no afecte a los resultados de las elecciones europeas.

   Pero no creáis que esto ocurre exclusivamente en España. Según publica El Confidencial [1], Alexandra Katehakis y el Center for Healthy Sex (CHS) que vienen realizando una lista anual sobre los mejores y peores eventos con respecto a temas sexuales que se han dado en el planeta, ven como existen intentos de restringir los derechos de las mujeres. Aunque, es cierto que expresan muchos aspectos positivos, también existen varios puntos negativos que según ese Centro nos hacen viajar al pasado.

   Así, la lista del CHS hace referencia a que el aborto es legal en USA desde 1973, pero son muchos los políticos que han intentado burlar o acotar esta ley. El pasado año estados como Dakota del Norte, Carolina del Norte o Nuevo México han aprobado restricciones sin precedentes que van en contra de la ley federal. La restricción de unos derechos tan fundamentales es vista por el CHS como una noticia claramente negativa y retrógrada en los tiempos que corren. Pero ¿qué les motiva a estos políticos a restringir esos derechos? El control sobre la mujer.

   (Continuará en una posterior entrada)

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[1] El Confidencial (30 de enero de 2014) http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-01-30/las-peores-noticias-recientes-con-respecto-a-la-liberacion-sexual_81920/

Copyright de la imagen http://feministeandocontradiciendo.blogspot.com.es/2012/07/derrotemos-al-patriarcado.html

No, a las tasas judiciales

La Ministra francesa de Justicia, Cristiane Taubira, ha anunciado que en Francia, desde el pasado 1 de enero ya no se cobrarán tasas judiciales. En nuestro país vecino se pagaban tan solo 35 euros por procedimiento. Aquí las tasas la mayoría pasan de los 300 ó 500 euros (llegando en ocasiones hasta a varios miles de euros), según jurisdicción y cuantía.

Pues, a pesar de esos 35 euros, en Francia se ha considerado que esa tasa “es una penalización para los más vulnerables y una restricción a su acceso a la Justicia”.

Allí, se ha llegado a esta conclusión tras el conceso logrado entre las partes afectadas, es decir, miembros judiciales, abogados, y ciudadanos en general. Aquí al  consenso (y más en el Ministerio de Gallardón) ni está ni se le espera, como diría aquel. Los números de diputados hacen que el rodillo parlamentario aplaste cualquier intento de consenso. Así nos va.

Las tasas judiciales en España son una vulneración del derecho que tiene todo ciudadano, sobre todo los más vulnerables, a la tutela judicial efectiva consagrada en nuestra Constitución.

Con las tasas judiciales se han creado varias clases de ciudadanos. Tres grupos concretamente. En los dos primeros encontramos a los ciudadanos que tienen acceso a la justicia gratuita, pues sus niveles de rentas son mínimos, y a los que sí pueden acceder al pago de esas tasas, es decir, los que tienen un nivel adquisitivo alto o muy alto. Y luego encontramos el tercer grupo, la gran mayoría, es decir, el resto. Casi todos los españoles que antes pertenecíamos a la clase media estamos en este grupo. Somos los que no podemos acceder a la justicia gratuita pero que tampoco acudimos a los juzgado por lo caro que sale intentar defender nuestros derechos. Como lo hagas los gastos ocasionados te fastidian varios meses.

Esto nos lleva a la conclusión que existe un gran grupo de ciudadanos  que para este Gobierno y especialmente para el ministro de Justicia somos de segunda división. La igualdad de todos los españoles ante la Justicia (no, no estoy hablando ahora del caso de la Infanta)  como principio inspirador de nuestro ordenamiento jurídico no solo queda en entredicho, sino que ha sido asesinado.

Igualmente, las grandes empresas, las que facturan más de 6 millones de euros al año (prácticamente, aseguradoras y bancos) se han visto beneficiadas porque antes, hace unos años, eran ellas, en exclusividad, las que pagaban estás tasas y ahora al igualar el rasero a todos los administrados han visto como “sus tasas” se han reducido notablemente.

Pero para mayor inri, según el Presidente del Consejo General de la Abogacía Española, el dinero recaudado por el Ministerio de Justicia por estas tasas no es destinado a la mejoría de la Justicia Gratuita o para las Comunidades Autónomas con competencia en la materia de la Justicia, como habían prometido cuando justificaban la creación de las mismas.

No. El dinero de las tasas no solo no llega a esos destinos que se habían asignado, sino que, simplemente no se sabe dónde va destinado ni a cuánto asciende lo recaudado. En los presupuestos del 2014 no existe ninguna partida que especifique el destino de esas tasas, por lo que supongo que irá destinado a las arcas de Hacienda. Preguntado el Ministro sobre este tema ha respondido que en el 2015 “ya veremos”.

Por todo lo anterior, podemos afirmar que la creación de las tasas en España tenían tres objetivos finales: Primero, hacer desistir a los ciudadanos de acudir a la justicia para defender a sus derechos, segundo, afán recaudatorio o la creación de un impuesto camuflado y tercero el beneficiar a las grandes empresas.

Como viene siendo habitual ya en este gobierno, todo tiende a la privatización y al  'hacer negocio'. Cada vez se olvidan más de quienes les votaron, me refiero a los ciudadanos en general,  a los que tan solo ven como simples y molestos números.

Estoy absolutamente convencido de que muchos de los que los votaron se han arrepentido de su elección.

Relaxing cup of dimisiones

Ya han transcurrido unos días.  Ahora puedo hablar del tremendo bluf que  ha sido la no elección de Madrid  como sede olímpica. He dejado pasar unas jornadas para no hacer una entrada llena de mala idea. Y no es porque me doliera la designación de Tokio en detrimento de Madrid, puesto que yo prefería cualquier otra a la ciudad española, sino por la actuación de nuestros políticos.

El movimiento ideado por el entonces alcalde Gallardón para que, parece ser, por cansancio otorgaran a Madrid dicho honor, ha costado a las arcas del Estado la friolera de 6.500 millones de euros (hay medios que hablan de 8.000 millones). Tantos millones en hacer proyectos, invitar a los miembros del COI, pedir asesoramientos de personalidades “expertas” y otros gastos como publicidad, folletos, comidas, viajes (¡¡¡a Buenos Aires fueron más de 300 personas!!!), hoteles, ropa, etc. Para mí, siguen siendo muchísimos millones, más de lo éticamente aceptable.

Esos ocho mil millones gastados con dinero público en las tres fracasadas intentonas, equivalen a lo que tenía pensado el Estado recaudar por la última subida del IVA. Yo que soy autónomo, y el resto de ciudadanos, porque les repercute directamente en el precio de cualquier producto que compran, hubieran preferido, estoy convencido de ello, que nos no hubieran subido el impuesto y que Gallardón se hubiera quedado quietecito en su palacete de Ayuntamiento cuando se le ocurrió semejante idea.

Pero él no podía o puede quedarse quieto. Según el diario El Mundo, Gallardón cuando era alcalde multiplicó por 5 la deuda de Madrid en comparación con la de su antecesor, Álvarez del Manzano. Las obras de la M-30 costaron al final unos 6.000 millones de euros, según Juan Bravo, antiguo concejal del PP, aunque no afiliado. El Ayuntamiento, en época de Gallardón se gastaba al año 52 millones de euros en alquiler de oficinas, teniendo otras propias infrautilizadas. En la reforma del nuevo Ayuntamiento se gastó más de 500 millones, según la oposición. Según el diario El Confidencial, solo el despacho que se proyectó Gallardón, costó la friolera de 24,5 millones de euros. Y claro, se le ocurrió brillantemente la idea de que Madrid fuera sede olímpica.

Pero el pufo de la designación del COI a Tokio no solo nos ha provocado pérdidas económicas. También políticas, tanto dentro como fuera de España, y también sociales.

Después de la “exitosa” intervención de la Alcaldesa Ana Botella con el ya muy famoso “relaxing cup of café con leche” y otras perlas, han sido numerosos los periódicos extranjeros que se han visto “obligados” a reflexionar sobre lo que ha pasado en España. Muchos han examinado con lupa a nuestros políticos, en concreto a la Sra. Botella, aquella a la que nadie votó y todo el mundo sospecha por qué está ahí. Los periódicos extranjeros no han dejado títere con cabeza.

Desde lo fastuoso del Ayuntamiento, hasta lo de su mayordomo, pasando por sus dotes lingüísticas y su poca preparación en general, hacen que la alcaldesa de la capital de España haya sufrido un fuerte revolcón público. Ya incluso se le cuestiona desde dentro del PP (precisamente por Esperanza Aguirre, la única que de vez en cuando discrepa en ese partido). Pero, como digo, fuera de nuestro país también la han puesto a caldo. El diario alemán Der Spiegel no daba crédito que el palacio que ahora es su Ayuntamiento haya costado más de 500 millones de euros, que su despacho fuera más grande que el del Presidente de los Estados Unidos, que tuviera un mayordomo solo para servirle el café y que tuviera 260 asesores personales y altos cargos que cobran de media 60.000 euros. Igualmente el Ayuntamiento, continuaba el corresponsal, posee además 267 coches oficiales de uso personal, más que todas las capitales de la eurozona juntas. La alcaldesa de los discursos preparados, la llaman.

Y, como consecuencia de todo esto, del descrédito ocasionado a España en el exterior (en el interior ni lo cuestionamos pues ningún político lo tiene) y de la pérdida de tantos millones y millones por el indecente capricho de unos megalómanos políticos que atienden más a sus egos que a las necesidades de los ciudadanos, ¿qué es lo que pasará? Pues la respuesta es bien sencilla porque siempre es igual. Nada. Nunca pasa nada. Da igual que en Andalucía se roben miles de millones de euros destinados a los desempleados y que dos políticos en Madrid decidan, porque creen que tienen derecho a todo, que pueden dilapidar más de 6.000 millones de euros de todos los españoles. Da igual, repito, no pasa nada. Porque ¿alguien ha pedido la dimisión de Gallardón, que continúa siendo Ministro (cuestionado por abogados, fiscales, funcionarios y jueces) y la de Ana Botella (también cuestionada)? No lo he escuchado en ningún foro ni lo he leído en ningún periódico, pero alguien debería alzar la voz y pedir que esos derrochones se vayan a sus casas. ¿Acaso no ha sucedido nada, todo sigue igual?

 Tristemente, en este anestesiado país nadie alza la voz.

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