Gallardón está haciendo otra de las suyas. Ya ha
modificado todo lo que ha podido en la vida judicial y nos ha metido con
calzador una ley de tasas que solo quería él y que espanta de la tutela
judicial a la gran mayoría de los ciudadanos. Todo lo que ha legislado ha
tenido una onda repercusión y, casi todo, por no decir todo (aunque ahora no se
me ocurre nada bueno) ha sido en detrimento de la accesibilidad de los
ciudadanos a la justicia y a las libertades en general.
Pero lo peor de lo peor está por llegar. Pretende ahora
modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante LOPJ).
Con la nueva regulación en curso quiere imponer el
silencio de los jueces, obligándoles a ellos y a las asociaciones que los
representan a guardar silencio de todos los procedimientos en curso so pena de
sanción, por lo que la opinión pública dejaría de tener un análisis técnico cualificado
cuando fueran requeridos para tal fin por cualquier medio. También quiere
Gallardón que la única voz sea la del CGPJ, voz, como todos sabemos, altamente
politizada.
Se les prohíbe realizar comentarios jurídicos o
críticas a reformas legislativas de cualquier asunto, no pudiendo pronunciarse
públicamente o mediante otro tipo de comportamientos.
Es más, el Consejo podrá ordenar a cualquier medio
de comunicación o a un político que deje de informar sobre el trabajo de un
juez. En caso de incumplimiento incurrirá en un delito contra la Administración
de Justicia. No quieren controles ni opiniones.
Otra reforma es que los decanos de los jueces y
las juntas de los jueces también desaparecerán. De la reunión de los 42 decanos
de jueces españoles se extraen conclusiones que influyen a los demás jueces y
que los políticos no pueden controlar. De hecho, los decanos y las juntas, han
aportado soluciones y han acordado criterios ante vacíos legales en esta época
de crisis, como es la solución ante las ejecuciones hipotecarias o determinar a
partir de qué porcentaje es abusivo un interés de demora. No se admiten
soluciones en beneficio del pueblo.
Otro punto de la reforma es que se eliminarán los
juzgados de Paz, las Audiencias Provinciales y se crearán los tribunales de
instancia en las capitales de provincias, por lo que la justicia estará más
lejos de las personas que no vivan en ellas. Se deja de garantizar el juez
natural que es aquel que te viene predeterminado constitucionalmente por el
lugar donde vives.
Al desaparecer el juez decano se establece el
presidente del tribunal de instancia que será nombrado por el CGPJ y será
dependiente jerárquicamente del Consejo. Es decir, tendrá que obedecer.
La Audiencia Nacional también quedará reformada
para que no existan los incómodos jueces estrellas, y se amplía el estatuto de
aforados a la Reina, a su consorte y a los Príncipes de Asturias, pero lo peor,
es que cuando un aforado abandone su cargo de diputado o ministro, no dejará de
estar aforado, para que lo tengan que juzgar los jueces más amigos.
Pero lo que me parece peor de todo, no es lo
anterior que ya de por sí tendría que hacer dimitir a todo el Gobierno por
limitar nuestras libertades y derechos, como digo, lo auténticamente maléfico
es lo siguiente:
Se crea la jurisprudencia vinculante.
Me podríais decir todos que hasta ahora la
jurisprudencia vinculaba, pero no es así exactamente. La jurisprudencia vincula,
por el momento, si se daban ciertos requisitos como era similitud de objeto
procesal y acción. Es decir, que para casos similares soluciones iguales, pero
es que ahora, los juzgados de primera instancia, que son los que tienen
contacto directo con los ciudadanos, los que adaptan las sentencias del supremo
a las necesidades concretas del caso y se adecuan a las cambiantes realidades
sociales, ahora no van a poder hacerlo.
No ha gustado entre los distintos poderes
económicos (bancos o grandes compañías a las que luego pertenecerán los
políticos tras esa puerta giratoria existente) las soluciones judiciales
tomadas por los jueces de instancia y Audiencias Provinciales con el
establecimiento de cláusulas abusivas de contratos, productos financieros
complejos (tema de preferentes), etc. Este poder económico está enfadado,
quería ganar más y más rápido de lo que le están dejando los jueces.
Igualmente, la reforma no permite a los jueces
dejar de aplicar las normas españolas cuando colisiones con las europeas (como
pasó con el tema de la protección al consumidor y los bancos) sino que
obligará, aunque estén en colisión ambas leyes a cumplir la nacional mientras
no se legisle para su adaptación.
Por tanto, no se quiere al juez independiente que
adopte soluciones según su criterio y en aras de la realidad que observa, se
quiere que lo que dictamine el supremo se escriba en piedra y no pueda ser
modificado por un juez de provincias o de pueblo que considere que un don nadie
tiene más derechos que una empresa de miles de empleados y que factura millones
de euros.
En resumen, se quiere que se haga siempre lo que
digan los políticos y que no vaya a venir ningún juececillo con ganas de
protagonismo a cuestionar la legalidad de sus acciones. Los políticos quieren
ser todopoderosos y estar por encima de la ley. Y Gallardón está allanando el
camino.
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