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miércoles, 7 de mayo de 2014

Gallardón el ‘burocratizador’.



Seguimos con Gallardón que se está esforzando, y mucho, en ser el peor ministro de la historia. Hay egos que hunden a la propia persona portadora. Y él insiste en ser el más voraz aniquilando derechos.

Como decimos, continuamos analizando las andanzas de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante LOPJ) y los auténticos varapalos que se está llevando este señor, a fe mía, con toda justicia.

Otra (porque son muchas) de las cosas que quería cambiar este hombre con su reforma de la ley es que en el artículo 100 del anteproyecto el Tribunal Supremo debería establecer con antelación de un año el número de recursos de casación (los recursos que se presentan ante ese Alto Tribunal) que vaya admitir para el siguiente año. Así, por ejemplo el tribunal tendría que decir: el año 2015 se admitirán 1559 recursos. Todo ello independientemente de las controversias existentes y de la necesidad de los ajusticiados. Es decir, si superas la cuota te quedas fuera aunque tengas todas las razones para recurrir, aunque se haya infringido tu derecho y tengas los hechos y pruebas de tu parte.

Pero para mayor inri, o como diríamos en un escrito jurídico, a mayor abundamiento, el tipo quiere establecer por ley (artículo 101 del anteproyecto) que el Tribunal Supremo determine la longitud de los recursos. ¡Quiere que el Supremo determine el número de folios que va a tener tu recurso independientemente del número de argumentos, razones o sentencias en las que te apoyes para defender tu postura! Qué locura.

Pues bien, está tanta gente tan en contra del ministro actor (recordamos su actuación en la última película de Garci “Holmes & Watson: Madrid days”) que por primera vez en la historia el pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo se ha reunido en dos jornadas consecutivas para analizar las reformas pretendidas por este señor.

Y el cachiporrazo que se ha llevado también ha sido histórico. De treinta y seis magistrados, solo dos (supongo con pocas ganas de trabajar), apoyaron su reforma, tachándola de anticonstitucional.

También se ha cuestionado en estas reuniones y rechazado por la Sala III del T.S. la jurisprudencia vinculante que quiere imponer nuestro ministro más dicharachero, pero como ya lo analicé en otra entrada anterior no me detendré en ella, salvo por esto:

Quiere este adalid de la justicia que las Salas tengan que oír a las administraciones públicas antes de fijar su jurisprudencia vinculante para que estas den su visto bueno y que si un ciudadano la invoca los poderes públicos la podrán rechazar justificando sus razones (Art. 32). Es decir, este hombre quiere que exista una jurisprudencia que no se adapte a las necesidades de la cambiante sociedad y que encima los poderes públicos puedan saltarse. Es decir que los políticos, como siempre, se vayan de rositas.

Los jueces le han recordado que ellos se deben a la ley y no a la jurisprudencia ya que entonces esta no hubiera evolucionado nunca. Si los jueces no pudieran adaptar las sentencias al caso concreto existiría  indefensión para los ciudadanos ya que se vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva.


En definitiva, lo que quiere este hombre es burocratizar a los jueces y que no puedan ordenar tanto frente a los políticos que son los que, a su parecer, deben sostener la sartén por el mango.







Copyright de la imagen: http://chrismielost.blogspot.com.es/2011/04/cuando-la-pobreza-ofende-la-mirada.html

lunes, 7 de abril de 2014

Gallardón, el allanador.


Gallardón está haciendo otra de las suyas. Ya ha modificado todo lo que ha podido en la vida judicial y nos ha metido con calzador una ley de tasas que solo quería él y que espanta de la tutela judicial a la gran mayoría de los ciudadanos. Todo lo que ha legislado ha tenido una onda repercusión y, casi todo, por no decir todo (aunque ahora no se me ocurre nada bueno) ha sido en detrimento de la accesibilidad de los ciudadanos a la justicia y a las libertades en general.

Pero lo peor de lo peor está por llegar. Pretende ahora modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante LOPJ).

Con la nueva regulación en curso quiere imponer el silencio de los jueces, obligándoles a ellos y a las asociaciones que los representan a guardar silencio de todos los procedimientos en curso so pena de sanción, por lo que la opinión pública dejaría de tener un análisis técnico cualificado cuando fueran requeridos para tal fin por cualquier medio. También quiere Gallardón que la única voz sea la del CGPJ, voz, como todos sabemos, altamente politizada.

Se les prohíbe realizar comentarios jurídicos o críticas a reformas legislativas de cualquier asunto, no pudiendo pronunciarse públicamente o mediante otro tipo de comportamientos.

Es más, el Consejo podrá ordenar a cualquier medio de comunicación o a un político que deje de informar sobre el trabajo de un juez. En caso de incumplimiento incurrirá en un delito contra la Administración de Justicia. No quieren controles ni opiniones.

Otra reforma es que los decanos de los jueces y las juntas de los jueces también desaparecerán. De la reunión de los 42 decanos de jueces españoles se extraen conclusiones que influyen a los demás jueces y que los políticos no pueden controlar. De hecho, los decanos y las juntas, han aportado soluciones y han acordado criterios ante vacíos legales en esta época de crisis, como es la solución ante las ejecuciones hipotecarias o determinar a partir de qué porcentaje es abusivo un interés de demora. No se admiten soluciones en beneficio del pueblo.

Otro punto de la reforma es que se eliminarán los juzgados de Paz, las Audiencias Provinciales y se crearán los tribunales de instancia en las capitales de provincias, por lo que la justicia estará más lejos de las personas que no vivan en ellas. Se deja de garantizar el juez natural que es aquel que te viene predeterminado constitucionalmente por el lugar donde vives.

Al desaparecer el juez decano se establece el presidente del tribunal de instancia que será nombrado por el CGPJ y será dependiente jerárquicamente del Consejo. Es decir, tendrá que obedecer.

La Audiencia Nacional también quedará reformada para que no existan los incómodos jueces estrellas, y se amplía el estatuto de aforados a la Reina, a su consorte y a los Príncipes de Asturias, pero lo peor, es que cuando un aforado abandone su cargo de diputado o ministro, no dejará de estar aforado, para que lo tengan que juzgar los jueces más amigos.

Pero lo que me parece peor de todo, no es lo anterior que ya de por sí tendría que hacer dimitir a todo el Gobierno por limitar nuestras libertades y derechos, como digo, lo auténticamente maléfico es lo siguiente:

Se crea la jurisprudencia vinculante.

Me podríais decir todos que hasta ahora la jurisprudencia vinculaba, pero no es así exactamente. La jurisprudencia vincula, por el momento, si se daban ciertos requisitos como era similitud de objeto procesal y acción. Es decir, que para casos similares soluciones iguales, pero es que ahora, los juzgados de primera instancia, que son los que tienen contacto directo con los ciudadanos, los que adaptan las sentencias del supremo a las necesidades concretas del caso y se adecuan a las cambiantes realidades sociales, ahora no van a poder hacerlo.

No ha gustado entre los distintos poderes económicos (bancos o grandes compañías a las que luego pertenecerán los políticos tras esa puerta giratoria existente) las soluciones judiciales tomadas por los jueces de instancia y Audiencias Provinciales con el establecimiento de cláusulas abusivas de contratos, productos financieros complejos (tema de preferentes), etc. Este poder económico está enfadado, quería ganar más y más rápido de lo que le están dejando los jueces.

Igualmente, la reforma no permite a los jueces dejar de aplicar las normas españolas cuando colisiones con las europeas (como pasó con el tema de la protección al consumidor y los bancos) sino que obligará, aunque estén en colisión ambas leyes a cumplir la nacional mientras no se legisle para su adaptación.

Por tanto, no se quiere al juez independiente que adopte soluciones según su criterio y en aras de la realidad que observa, se quiere que lo que dictamine el supremo se escriba en piedra y no pueda ser modificado por un juez de provincias o de pueblo que considere que un don nadie tiene más derechos que una empresa de miles de empleados y que factura millones de euros.


En resumen, se quiere que se haga siempre lo que digan los políticos y que no vaya a venir ningún juececillo con ganas de protagonismo a cuestionar la legalidad de sus acciones. Los políticos quieren ser todopoderosos y estar por encima de la ley. Y Gallardón está allanando el camino.







Copyright de la imagen http://www.frikipedia.es/friki/Alberto_Ru%C3%ADz_Gallard%C3%B3n

lunes, 6 de mayo de 2013

De aquellos polvos estos lodos.



          Sin hacer demagogia ni pretenderlo. Nos ponemos en situación explicando unos antecedentes. Zapatero nos lleva a una crisis galopante que nos puede hundir para siempre. Rajoy dice que no puede hacer nada más por la herencia recibida. Zapatero alegó en su momento que todo viene del boom provocado por el gobierno Aznar. Y si nos ponemos a escarbar, éste también estuvo condicionado por los gobiernos de Felipe González y su vice Alfonso Guerra. De esos polvos vienen estos lodos.


Todos son culpables y si me apuran con agravantes. Los unos y los otros. Desde aquella expresión de Alfonso Guerra comunicando a todos los españolitos que a “España no la va a conocer ni la madre que la parió” estamos como estamos. Una cosa no se le puede negar a Guerra, fue un magnífico vidente. Desde que aquel gobierno arrinconó la independencia judicial en un baúl olvidado de una bodeguita en Doñana, haciendo que ciertos jueces (los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Supremo y del Constitucional) ya no fueran elegidos por cooptación (elegidos entre ellos y por ellos mismos sin intervención exterior), sino que por los políticos, como digo, a partir de ese punto, los jueces ya les debían el cargo y la duplicación de su sueldo a los políticos.

Y todos sabemos que no se debe morder la mano que te da de comer. Ejemplo claro de esto. Cuando a Felipe González se le señala por el ex juez Baltasar Garzón con la X en el tema de los GAL y se le requiere para que comparezca en el Tribunal Supremo, el presidente de ese Tribunal, un tal Bacigalupo, rompe el empate de los votos de los jueces alegando que al Presidente no se le puede estigmatizar. ¿Estigmatizar por declarar?

Con el siguiente presidente, más de lo mismo. Al principio al no tener mayoría absoluta Aznar pacta con los nacionalistas otorgándole todo lo que quisieron. Una moneda de cambio en aquella época fue la “petición” que le hizo Jordi Pujol a Aznar. Debía de cargarse al miembro del Partido Popular que más votos ha sacado nunca en Cataluña y que le estaba haciendo pupa electoral a CIU. Aznar, oliendo de cerca el poder y babeando cual sabueso la Moncloa, accede y se carga al  brazo fuerte de su partido en esa comunidad. Alejo Vidal-Quadras es enviado al ostracismo europeo.

Ya con la mayoría absoluta en su segunda legislatura, Aznar dejó el tema de los jueces igual, perdió influencia en Cataluña y con la ley del suelo, liberó todo el existente, salvo el que expresamente estuviera protegido. Así comenzó el tan devastador boom inmobiliario. Aznar se jactaba de construir más casas en nuestro suelo que en casi media Europa. Ya luego la codicia de banqueros, políticos, registradores, notarios, constructores, tasadores y muchos ciudadanos hizo el resto.

Zapatero se creyó que tenía ‘baraka’. Ganó las primarias de su partido sin que nadie apostara ni un duro por él. Casi por descarte.  Tras el atentado de Madrid, venció contra todo pronóstico a un Rajoy al que daban todas las encuestas como ganador. Todo le salía bien a ZP porque él era él. Tenía la suerte divina. Vio que la economía surfeaba en la cresta de la ola y siguió remando sin mirar a los lados. Y para qué cambiar, esto era Jauja. Era, como luego dijo el exministro Miguel Sebastián (que vaticinó la burbuja muchos meses antes), como ir a una fiesta llena de gente y ser tú el que apagara la música. Los inspectores de Hacienda pidiendo a gritos que les dejaran actuar y el presidente del Banco de España mirando por la ventana con la baba caída ¿Dónde estaba el sentido de la responsabilidad de tantos?

Luego la burbuja explotó. El gasto de las distintas administraciones era descomunal. Sueldos por las nubes, empresas públicas multiplicándose como hongos, mariscadas con “dinero de nadie”, asesores hasta para afeitarse, el paro subiendo los escalones de dos en dos y el famoso y ruinoso Plan E. Alguien tiró de la cadena y todo se fue al garete. Nos quitamos la máscara de ser la economía más solvente de Europa. Si hubiera tenido vergüenza ZP se le hubiera caído la cara cuando chuleó por tener mejor economía que Francia e Italia. Él ya contaba con datos contrarios. Al final cuando el paro se disparó y le amenazaron desde Bruselas con ser intervenidos se puso serio. Mandó al carajo la ley de paridad en su gobierno. Puso a los ministros que creyó que lo ayudarían, (entre ellos un jovencito, nueva promesa del socialismo, Rubalcaba), compareció en el Congreso, tomó medidas muy drásticas y no pasó nada. Al menos, nada bueno. Todo fue a peor. Tanto que ganó el gris Rajoy que parecía lo menos malo.

Llegó Rajoy, el que prefiere leer el Marca. Prometió que no subiría los impuestos, prometió que haría bajar el paro, que no habría corrupción y que con su grupo todo iba a ir a mejor. No parecía difícil cuando todo estaba por los suelos. Pero no. Todo fue a peor. Eso sí han trabajado tela redactando decretos por doquier.

La Reforma Laboral con la que iban a dinamizar el mercado laboral, como si esto fuera EE.UU., ha tenido como consecuencia inmediata que las empresas han adelgazados sus plantillas. La ministra de Empleo (ya no es ni siquiera de Trabajo) para reducir el paro se encomienda a la Virgen de Rocío. El éxito de la reforma laboral se concreta en más de un millón de parados nuevos y es récord de todos los tiempos en número total de desempleados. Casi dos millones de hogares con todos los miembros en la lista del paro. El paro juvenil en más del 50% y todos aguantando por los abuelitos.

Recortes a troche y moche. Todo lo importante es cercenado. Educación, sanidad, medidas sociales, todo. De las empresas públicas que decían que iban a eliminar (se supone - porque no se sabe con exactitud cuántas hay - que existen más de mil quinientas en toda España) solo se ha eliminado una. El IVA y el IRPF subiendo en contra de lo prometido y una amnistía fiscal más que cuestionable. El ministro Montoro cada vez con actitudes más chulescas ante los políticos adversarios y aparecen los papeles de Bárcenas. ¿Financiación ilegal? Quién sabe, es pronto para saberlo, pero la primera víctima ha sido  Cospedal. Hundida y escondida tras el patinazo de la explicación de chirigota sobre el finiquito de Bárcenas.

Y por último, estos lodos. Viernes 26 de abril, comparecencia de prensa tras Consejo de Ministros. La vicepresidenta, con De Guindos  y Montoro diciendo tan tranquilos que el gobierno no sabe qué hacer para bajar el paro, pero que tengamos paciencia. Que al menos en esta legislatura no se bajarán los índices significativamente. Que las medidas son a largo plazo.
Pero los parados comen todos los días. ¿Qué hacemos con ellos hasta que se hagan efectivas esas medidas en sus economías? La obligación de un gobierno es asegurar el futuro y mejorarlo, y veo bien que lo hagan, pero no se pueden olvidar en su grandilocuente acción, del presente. Los hombres viven día a día, y tienen la fea costumbre de comer tres veces en una misma jornada, y los niños hasta meriendan.

Pienso que si un gobierno no sabe qué hacer debería dar un paso al lado y dejar que otro, con más ganas, motivación e ideas nuevas, ocupe su lugar. Si ha sido tan sincero para reconocer que no puede, le pido que sea franco para entender que su reloj de los logros no va al ritmo del de la paciencia de los españoles.

martes, 26 de marzo de 2013

ERE’s, el coladero nacional.





Tras la reforma laboral sufrida en nuestras nacionales carnes hemos ido comprobando que muchos empresarios, carentes de escrúpulos y honradez, han aprovechado dicha coyuntura normativa para adelgazar sus plantillas.  Lo hemos visto por doquier.
Hasta ahora solo bastaba con cumplir los requisitos que exigía la ley para hacer un ERE[1]. Así, la empresa presentaba una contabilidad que mostrara las dificultades por las que estaba pasando, tan solo bastaban tres meses, y se comparaban con los meses del año anterior, y si realizando la comparación, se demostraba que los tres meses de este año eran peores que los del anterior el ERE era correcto. Tiene el ERE otros requisitos, por supuesto, pero básicamente era eso, mostrar que los resultados son peores, que no tiene que significar que existan pérdidas.
(Algunos me podréis decir que no es tan simple que la contabilidad muestra la realidad de la empresa y si los números cantan que va mal es que la situación es así de nefasta. Pero yo le contestaría lo que me contestó un profesor de contabilidad financiera, que los números dicen lo que uno quiera, tan solo hay que saber hasta dónde torturarlos).
Pues bien, como decía muchos espabilados empresarios han aprovechado ese gran agujero negro legal para disminuir el número de trabajadores y quitarse a algunos que pudieran ser molestos. Y todos a callar. Todo iba sobre la seda para estos aprovechados sin que se pudiera hacer mucho más que humillar el morro y pasar por el aro.
Pero hete aquí que tras una investigación realizada por la Inspección de Trabajo y que acabó en sentencia del TSJ, se demostró que una empresa de Murcia pretendía realmente "aprovecharse ilegalmente" de la reforma laboral para recortar su plantilla a bajo coste, además de "castigar" al sindicato UGT y a determinados trabajadores por presentarse a las elecciones sindicales en la empresa.
Entre el cúmulo de irregularidades cometidas por la empresa, explica el sindicato en comunicado de prensa, destaca el intento de la empresa de 'utilizar la legislación vigente' para ocultar una clara represalia hacia los trabajadores que formaban parte de la candidatura de UGT en estas elecciones sindicales.
La sentencia del TSJ que decidió el asunto  recoge literalmente que "existe un interés encubierto de la empresa de expulsar de ella al mayor número de dichos candidatos de UGT", al no llamarlos a trabajar según su número de orden, como indica la legislación en el caso de los fijos discontinuos.
Por otra parte, según la Inspección de Trabajo y el Ministerio Fiscal, ha quedado patente la falta de justificación de las causas productivas y económicas, ya que justo antes de que UGT promoviera las elecciones sindicales y una jornada de huelga en protesta por el despido de un trabajador, la empresa había contratado a siete trabajadores nuevos, haciéndolos fijos discontinuos, dado el alto volumen de carga de trabajo que tenía la empresa en los siguientes meses.
El TSJ de Murcia concluye en su sentencia de 17 de enero de 2013 que se declara nulo el ERE de Conservas Martínez García SL por violación de derechos fundamentales de indemnidad (esto es represalias como el despido tras reclamar algo a lo que tienes derecho) y libertad sindical, condenando además a la mercantil a pagar a FITAG-UGT la cantidad de 3.000 euros en concepto de daños y perjuicios.
Gracias a Dios existen funcionarios que no solo aplican la ley, sino que imponen el sentido común a sus resoluciones.  Mantenemos la esperanza.




[1] Los ERE son unos mecanismos más complejos que lo que expreso en este escrito, pero no me puedo detener a escribir todos los pormenores y requisitos de los mismos por lo extenso del asunto. Quien quiera más información puede visitar http://www.empleo.gob.es/es/guia/texto/guia_6/contenidos/guia_6_18_1.htm