Gallardón el ‘burocratizador’.

Seguimos con Gallardón que se está esforzando, y mucho, en ser el peor ministro de la historia. Hay egos que hunden a la propia persona portadora. Y él insiste en ser el más voraz aniquilando derechos.

Como decimos, continuamos analizando las andanzas de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante LOPJ) y los auténticos varapalos que se está llevando este señor, a fe mía, con toda justicia.

Otra (porque son muchas) de las cosas que quería cambiar este hombre con su reforma de la ley es que en el artículo 100 del anteproyecto el Tribunal Supremo debería establecer con antelación de un año el número de recursos de casación (los recursos que se presentan ante ese Alto Tribunal) que vaya admitir para el siguiente año. Así, por ejemplo el tribunal tendría que decir: el año 2015 se admitirán 1559 recursos. Todo ello independientemente de las controversias existentes y de la necesidad de los ajusticiados. Es decir, si superas la cuota te quedas fuera aunque tengas todas las razones para recurrir, aunque se haya infringido tu derecho y tengas los hechos y pruebas de tu parte.

Pero para mayor inri, o como diríamos en un escrito jurídico, a mayor abundamiento, el tipo quiere establecer por ley (artículo 101 del anteproyecto) que el Tribunal Supremo determine la longitud de los recursos. ¡Quiere que el Supremo determine el número de folios que va a tener tu recurso independientemente del número de argumentos, razones o sentencias en las que te apoyes para defender tu postura! Qué locura.

Pues bien, está tanta gente tan en contra del ministro actor (recordamos su actuación en la última película de Garci “Holmes & Watson: Madrid days”) que por primera vez en la historia el pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo se ha reunido en dos jornadas consecutivas para analizar las reformas pretendidas por este señor.

Y el cachiporrazo que se ha llevado también ha sido histórico. De treinta y seis magistrados, solo dos (supongo con pocas ganas de trabajar), apoyaron su reforma, tachándola de anticonstitucional.

También se ha cuestionado en estas reuniones y rechazado por la Sala III del T.S. la jurisprudencia vinculante que quiere imponer nuestro ministro más dicharachero, pero como ya lo analicé en otra entrada anterior no me detendré en ella, salvo por esto:

Quiere este adalid de la justicia que las Salas tengan que oír a las administraciones públicas antes de fijar su jurisprudencia vinculante para que estas den su visto bueno y que si un ciudadano la invoca los poderes públicos la podrán rechazar justificando sus razones (Art. 32). Es decir, este hombre quiere que exista una jurisprudencia que no se adapte a las necesidades de la cambiante sociedad y que encima los poderes públicos puedan saltarse. Es decir que los políticos, como siempre, se vayan de rositas.

Los jueces le han recordado que ellos se deben a la ley y no a la jurisprudencia ya que entonces esta no hubiera evolucionado nunca. Si los jueces no pudieran adaptar las sentencias al caso concreto existiría  indefensión para los ciudadanos ya que se vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva.

En definitiva, lo que quiere este hombre es burocratizar a los jueces y que no puedan ordenar tanto frente a los políticos que son los que, a su parecer, deben sostener la sartén por el mango.

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El Tribunal de Estrasburgo ha dado en el clavo.

Ayer el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo emitió un fallo en el que básicamente dictaminó que la doctrina Parot no se debía aplicar en un caso en concreto. Y claro esto trae como consecuencia que todos los casos en que se den las mismas circunstancias deben dejarse sin aplicar la referida doctrina.

Escuchando la radio y viendo los distintos programas de televisión veía como todo el mundo estaba indignado porque unos terroristas iban a salir de la cárcel en breve. Que esos asesinos en serie iban a tener una pena muy pequeña por cada asesinato. Los hay que menos de un año por cada víctima. Y, en verdad, es indignante. Moralmente, se deberían de pudrir en la cárcel. Pero jurídicamente no está tan claro.

Ayer todo el mundo vociferaba contra el Tribunal Europeo alegando que no conocían la realidad española. Se escuchaban cosas como que era una derrota de las víctimas y del Estado de Derecho, que los jueces no eran auténticos juristas, que estaban condicionados por motivos políticos y que el juez español, que fue Secretario de Estado con Zapatero, no había hecho sino que continuar con la hoja de ruta que pactó Zp con los etarras.

Quisiera ahora dejarles mi apreciación.

Considero, al contrario de lo que muchos piensan, que ha sido una auténtica victoria del Estado de Derecho.  Y la vergüenza es que haya tenido que ser un Tribunal Europeo y no los jueces españoles los que nos saquen los colores. El Estado de Derecho se sostiene aplicando la ley y eso es precisamente lo que ha hecho el Tribunal de Estrasburgo. Un ejercicio de contabilidad penitenciaria en la que sale fortalecido el Estado de derecho ya que a pesar de que nos duela sacar a la calle asesinos y otros delincuentes, el Estado se tiene que limitar a cumplir la ley. El imperio de la Ley es fundamental para que funcionen todos los engranajes de una democracia real y civilizada. Aunque sea doloroso, tenemos que cumplir la ley y si esta dice que cuando algún preso está ya cumpliendo su condena, en mitad de la misma, y eso es lo que ha pasado, no se le puede cambiar e interpretar de una forma distinta los beneficios penitenciarios. Es decir, si cuando se le impone la pena a un condenado de pasar mil años en la cárcel y, en esos momentos, la ley vigente para contabilizar los beneficios penitenciarios dice que se le pueden disminuir esos años por algunas razones concretas, esta interpretación es la que debe continuar hasta el final de su condena. Si se comprobó que esta forma era muy beneficiosa para los grandes criminales y por ello se cambió, pues se le deberá aplicar a los nuevos condenados, no a los que ya estaban cumpliendo la pena. Es esto lo que ha pasado, no otra cosa. Hay muchos presos a los que se les seguirá aplicando la doctrina Parot. Esta doctrina se le seguirá aplicando a todos los delitos cometidos con posterioridad a su entrada en vigor. Como debe ser en puridad en un Estado de Derecho.

Igual que no se puede condenar a nadie por algo que en su momento no era ilegal, ya que en el momento de los hechos no existía una legislación que dijera que su acción era punible, en estos casos no se puede cambiar la forma de contar los años de condena. De este modo, se ha reforzado el Estado de Derecho ya que escenifica que la Ley está por encima de interpretaciones torticeras.  El Tribunal de Estrasburgo ha declarado que esa aplicación retroactiva de la doctrina a delincuentes que habían comenzado ya a cumplir sus penas es contraria al derecho.

Ya sé que los jueces están para interpretar la Ley. También se que todos, repito todos,  queríamos que esos canallas se murieran en la cárcel.  De igual forma, comprendo que algunos no vean lo de ayer como una victoria del Estado de Derecho, porque en definitiva hay unos asesinos condenados que pronto saldrán a la calle. Pero no se engañen, el hecho de cambiar sobre la marcha una forma de interpretar una ley porque nos convenía no solo es una chapucería, sino que en otro momento se podría hacer igual, con otra ley, por motivos menos dignos. Y ahí  podríamos vernos perjudicados todos.

Pero, ahondando más sobre el asunto, habría que ver como se llegó a esto. Veamos. Los políticos de la transición conocían bien el Código Penal y las leyes penitenciarias. Conocían cómo las medidas de redención de penas hacían que muchos terroristas salieran de la cárcel apenas cumplidos unos años de condena. ¿Pero qué hicieron esos políticos? Absolutamente nada. Cuando llegó el momento y los terroristas cumplieron esos pocos años de cárcel y salieron a la calle, a todos se nos desencajaba la boca de asombro e indignación.

Y si el no hacer nada fue un fallo de nuestros políticos, vino luego otra pifia peor. El condicionar a los jueces para que interpretaran lo que la sociedad legítimamente exigía y que los políticos no hicieron o no quisieron hacer. Y los jueces se dejaron manipular. Aquellos jueces también son tan culpables de todo este desaguisado como los políticos que los motivaron. Los jueces del Tribunal Supremo le dieron una vuelta a la tuerca de la interpretación de la Ley, retorciéndola para que se ajustara a lo que los políticos querían. Y así surgió la doctrina Parot. Pero los juristas, que deberían ser los últimos defensores de los derechos de los ciudadanos, decidieron forzar un poco más la máquina. ¡Qué leches, somos el Tribunal Supremo! ¿Quién nos va a cuestionar? Decidieron que esta nueva doctrina se aplicaría retroactivamente. Es decir, optaron no solo por no aplicar la ley, sino por condicionarla a sus deseos. Peor, a los deseos de otros que tenían intereses electorales.

El cambiar las reglas del juego a mitad del mismo no es propio de jueces profesionales sino de estos, nuestros jueces, que tienen a los políticos como jefes. Gracias a Dios que existen jueces, aunque vivan en Estrasburgo, que aplican la Ley con todas sus consecuencias.

Cláusulas suelo. Algunos consejos (y II)

(Viene de una entrada anterior)

Pero una vez que tenemos en nuestro contrato las famosas cláusulas suelo ¿qué podemos hacer vista la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 9 de mayo de 2013 decía que eran nulas?

Primero tendremos que ver que nuestra clausula suelo reúne las condiciones que especificaba el Tribunal Supremo, es decir, que faltó transparencia a la hora de negociar o, en muchos casos informar, de la existencia de ellas. Por tanto, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿Fueron objeto de negociación antes de contratar la hipoteca?¿Formaban parte estas cláusulas de la publicidad de las hipotecas o de los anuncios? ¿Estaban recogidas en la oferta vinculante? ¿Informó el notario de las mismas? Si no fue así tenemos argumentos para litigar por su eliminación.

Previamente a los pasos a seguir, tendríamos que decir que la sentencia del TS no influía a todas las entidades, tan solo a las que eran parte del proceso (BBVA. NGC BANCO, y Cajas Rurales) y que no tenía efectos retroactivos.

Uno de esos bancos, como decíamos, era el BBVA. Este banco en un intento de mostrar la cara más amable tras el varapalo judicial, hizo un anuncio a bombo y platillo que iba a eliminar todas las cláusulas suelos de todas las hipotecas que tenía firmadas. ¡Qué buenos son los del BBVA! – Pensaron algunos – ¡Eliminan  las cláusulas suelo!. Pero lo que no sabían es que esta medida tenía una “cara b” que no explicaron.

Es cierto que la sentencia del TS no tenía efectos retroactivos en general, pero los juzgados mercantiles (los verdaderamente competentes en estos temas) y algunos civiles, encargados de estos asuntos, en el estudio concreto de cada caso, están concediendo el efecto retroactivo a dichas clausulas. ¿Por qué? Muy sencillo, porque si son nulas, lo fueron desde el inicio de su existencia, nulas de pleno derecho, por lo que nunca se debieron aplicar y por ello, se están devolviendo las cantidades cobradas ilícitamente por este concepto.

Entonces, en un auténtico ejercicio de marketing por parte de los de BBVA, pensaron que si ahora sus clientes, poco a poco, les iban a llevar a los juzgados tendrían que quitarles las cláusulas suelo, devolverle lo cobrado indebidamente por ellas, pagar intereses y las costas de los juicios, abogados y procuradores. Así que dijeron a todo el mundo que a pesar de lo que les iba a costar (creo recordar que unos 35 millones de euros, nada significante para tal entidad) iban a quitar, en cumplimiento de la sentencia, todas las cláusulas suelo.

De esta forma los clientes están satisfechos porque pagarán menos y no se meterán en el embrollo de ir a juicio, pero pierden todo lo que se les debería devolver. Según BBVA y otras entidades que lo están haciendo contentan a sus clientes, sin embargo, lo que realmente se están ahorrado es mucho dinero al no tener que devolver nada. Daos cuenta que ellos van a dejar de cobrar una parte, pero se ahorran tener que devolver algo que ya tenían.

Una pregunta lógica se deriva a continuación ¿por qué el Alto Tribunal no les concedió la retroactividad a todas las que reunieran esas condiciones si las declaraba nulas? Por un guiño al sistema financiero a través de un auténtico equilibrismo jurídico, ya que el hacerlo haría que tuviéramos que volver a rescatar a los bancos. No se devuelve el dinero porque serían cantidades ingente de dinero y eso sería una medida drástica por en exceso. ¡Vaya pasada!  Como siempre la justicia cada vez menos ciega y cada vez más cerca de los poderosos. (No tiene nada que ver con este asunto, ¿o sí? pero me acaba de venir a la cabeza  -¿por qué será? -  las sentencias del mismo tribunal en las que Pepiño Blanco y Jaume Matas han salido muy bien de los delitos por los que estaban imputados).

Volviendo al tema, si creemos que faltó transparencia a la hora de contratarlas y vemos que van en contra de la buena fe contractual podemos empezar a llamar a las puertas de nuestras sucursales y empezar a demandar su eliminación e incluso la devolución de lo ilícitamente cobrado por ellas. Para ello deberíamos examinar con lupa la oferta vinculante que nos hizo el banco antes de contratar la hipoteca. Si no la hemos tirado a la basura, claro.

Pero, antes abro un paréntesis para hablar de un nuevo concepto que he introducido y no he explicado, la buena fe contractual. La buena fe y la equidad deben ser considerados como principios delimitadores de las buenas prácticas en materia de contratación. La equidad viene contemplada en el artículo 3.2 del Código Civil como fundamento de ponderación en la aplicación de las normas y el Tribunal Constitucional, en varias sentencias, (por todas la STC 31-3-81) presenta una escala de valores que “han de construir el orden de convivencia política”. Es decir, las normas se tienen que aplicar atendiendo a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas.

Siempre que como consecuencia de lo pactado en una estipulación, -en este caso de la clausula suelo-, se genere un desequilibrio contractual injustificado y favorable a la parte más fuerte, -en este caso sin causa de justificación alguna el tipo de interés se ve aumentado a favor de la entidad bancaria demandada-, existirá carencia de esa buena fe objetiva que implica un comportamiento honrado y justo.[1] Cierro paréntesis.

(Seguirá en una nueva entrada)

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[1] RIVERA ALEMAN,S.: “Disciplina del Crédito bancario y Protección del Consumidor “Edit Aranzadi , Pamplona 1995






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De aquellos polvos estos lodos.

          Sin hacer demagogia ni pretenderlo. Nos ponemos en situación explicando unos antecedentes. Zapatero nos lleva a una crisis galopante que nos puede hundir para siempre. Rajoy dice que no puede hacer nada más por la herencia recibida. Zapatero alegó en su momento que todo viene del boom provocado por el gobierno Aznar. Y si nos ponemos a escarbar, éste también estuvo condicionado por los gobiernos de Felipe González y su vice Alfonso Guerra. De esos polvos vienen estos lodos.

Todos son culpables y si me apuran con agravantes. Los unos y los otros. Desde aquella expresión de Alfonso Guerra comunicando a todos los españolitos que a “España no la va a conocer ni la madre que la parió” estamos como estamos. Una cosa no se le puede negar a Guerra, fue un magnífico vidente. Desde que aquel gobierno arrinconó la independencia judicial en un baúl olvidado de una bodeguita en Doñana, haciendo que ciertos jueces (los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Supremo y del Constitucional) ya no fueran elegidos por cooptación (elegidos entre ellos y por ellos mismos sin intervención exterior), sino que por los políticos, como digo, a partir de ese punto, los jueces ya les debían el cargo y la duplicación de su sueldo a los políticos.

Y todos sabemos que no se debe morder la mano que te da de comer. Ejemplo claro de esto. Cuando a Felipe González se le señala por el ex juez Baltasar Garzón con la X en el tema de los GAL y se le requiere para que comparezca en el Tribunal Supremo, el presidente de ese Tribunal, un tal Bacigalupo, rompe el empate de los votos de los jueces alegando que al Presidente no se le puede estigmatizar. ¿Estigmatizar por declarar?

Con el siguiente presidente, más de lo mismo. Al principio al no tener mayoría absoluta Aznar pacta con los nacionalistas otorgándole todo lo que quisieron. Una moneda de cambio en aquella época fue la “petición” que le hizo Jordi Pujol a Aznar. Debía de cargarse al miembro del Partido Popular que más votos ha sacado nunca en Cataluña y que le estaba haciendo pupa electoral a CIU. Aznar, oliendo de cerca el poder y babeando cual sabueso la Moncloa, accede y se carga al  brazo fuerte de su partido en esa comunidad. Alejo Vidal-Quadras es enviado al ostracismo europeo.

Ya con la mayoría absoluta en su segunda legislatura, Aznar dejó el tema de los jueces igual, perdió influencia en Cataluña y con la ley del suelo, liberó todo el existente, salvo el que expresamente estuviera protegido. Así comenzó el tan devastador boom inmobiliario. Aznar se jactaba de construir más casas en nuestro suelo que en casi media Europa. Ya luego la codicia de banqueros, políticos, registradores, notarios, constructores, tasadores y muchos ciudadanos hizo el resto.

Zapatero se creyó que tenía ‘baraka’. Ganó las primarias de su partido sin que nadie apostara ni un duro por él. Casi por descarte.  Tras el atentado de Madrid, venció contra todo pronóstico a un Rajoy al que daban todas las encuestas como ganador. Todo le salía bien a ZP porque él era él. Tenía la suerte divina. Vio que la economía surfeaba en la cresta de la ola y siguió remando sin mirar a los lados. Y para qué cambiar, esto era Jauja. Era, como luego dijo el exministro Miguel Sebastián (que vaticinó la burbuja muchos meses antes), como ir a una fiesta llena de gente y ser tú el que apagara la música. Los inspectores de Hacienda pidiendo a gritos que les dejaran actuar y el presidente del Banco de España mirando por la ventana con la baba caída ¿Dónde estaba el sentido de la responsabilidad de tantos?

Luego la burbuja explotó. El gasto de las distintas administraciones era descomunal. Sueldos por las nubes, empresas públicas multiplicándose como hongos, mariscadas con “dinero de nadie”, asesores hasta para afeitarse, el paro subiendo los escalones de dos en dos y el famoso y ruinoso Plan E. Alguien tiró de la cadena y todo se fue al garete. Nos quitamos la máscara de ser la economía más solvente de Europa. Si hubiera tenido vergüenza ZP se le hubiera caído la cara cuando chuleó por tener mejor economía que Francia e Italia. Él ya contaba con datos contrarios. Al final cuando el paro se disparó y le amenazaron desde Bruselas con ser intervenidos se puso serio. Mandó al carajo la ley de paridad en su gobierno. Puso a los ministros que creyó que lo ayudarían, (entre ellos un jovencito, nueva promesa del socialismo, Rubalcaba), compareció en el Congreso, tomó medidas muy drásticas y no pasó nada. Al menos, nada bueno. Todo fue a peor. Tanto que ganó el gris Rajoy que parecía lo menos malo.

Llegó Rajoy, el que prefiere leer el Marca. Prometió que no subiría los impuestos, prometió que haría bajar el paro, que no habría corrupción y que con su grupo todo iba a ir a mejor. No parecía difícil cuando todo estaba por los suelos. Pero no. Todo fue a peor. Eso sí han trabajado tela redactando decretos por doquier.

La Reforma Laboral con la que iban a dinamizar el mercado laboral, como si esto fuera EE.UU., ha tenido como consecuencia inmediata que las empresas han adelgazados sus plantillas. La ministra de Empleo (ya no es ni siquiera de Trabajo) para reducir el paro se encomienda a la Virgen de Rocío. El éxito de la reforma laboral se concreta en más de un millón de parados nuevos y es récord de todos los tiempos en número total de desempleados. Casi dos millones de hogares con todos los miembros en la lista del paro. El paro juvenil en más del 50% y todos aguantando por los abuelitos.

Recortes a troche y moche. Todo lo importante es cercenado. Educación, sanidad, medidas sociales, todo. De las empresas públicas que decían que iban a eliminar (se supone - porque no se sabe con exactitud cuántas hay - que existen más de mil quinientas en toda España) solo se ha eliminado una. El IVA y el IRPF subiendo en contra de lo prometido y una amnistía fiscal más que cuestionable. El ministro Montoro cada vez con actitudes más chulescas ante los políticos adversarios y aparecen los papeles de Bárcenas. ¿Financiación ilegal? Quién sabe, es pronto para saberlo, pero la primera víctima ha sido  Cospedal. Hundida y escondida tras el patinazo de la explicación de chirigota sobre el finiquito de Bárcenas.

Y por último, estos lodos. Viernes 26 de abril, comparecencia de prensa tras Consejo de Ministros. La vicepresidenta, con De Guindos  y Montoro diciendo tan tranquilos que el gobierno no sabe qué hacer para bajar el paro, pero que tengamos paciencia. Que al menos en esta legislatura no se bajarán los índices significativamente. Que las medidas son a largo plazo.

Pero los parados comen todos los días. ¿Qué hacemos con ellos hasta que se hagan efectivas esas medidas en sus economías? La obligación de un gobierno es asegurar el futuro y mejorarlo, y veo bien que lo hagan, pero no se pueden olvidar en su grandilocuente acción, del presente. Los hombres viven día a día, y tienen la fea costumbre de comer tres veces en una misma jornada, y los niños hasta meriendan.

Pienso que si un gobierno no sabe qué hacer debería dar un paso al lado y dejar que otro, con más ganas, motivación e ideas nuevas, ocupe su lugar. Si ha sido tan sincero para reconocer que no puede, le pido que sea franco para entender que su reloj de los logros no va al ritmo del de la paciencia de los españoles.

ERE’s, rigoristas y cigalas.

    Nos estamos acostumbrados a los abusos de las empresas. Muchas de ellas (no todas, pues también las hay que lo necesitan para subsistir) han cogido por banda la reforma laboral y han comenzado a adelgazar a sus plantillas de forma exagerada aprovechando que la ley se lo pone tan fácil.

    Por eso, no puedo sino alegrarme cuando un juez echa por tierra las pretensiones de ciertos directivos. Las empresas a las que pertenecen estos ejecutivos, amoldan sus datos contables para hacer ver que es necesario empezar con la “dieta de adelgazamiento” para que la empresa pueda continuar en el mercado. No todas son así, por supuesto.

    ¡Señoría, que estamos teniendo menos beneficios que el año pasado!

    Como ya he comentado en anteriores entradas, basta con que la empresa demuestre que el trimestre del año en curso es peor en datos que el del año pasado (aparte de otros documentos) para que un despido objetivo por causas económicas o un expediente de regulación de empleo sea admitido o considerado como procedente.

    Tímidamente, cada vez son más los jueces que están frenando dicho coladero. En una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha se ha declarado en fraude de ley el ERE firmado por la empresa pública de Gestión Ambiental para proceder a despedir a 1789 trabajadores dedicados a labores de prevención y extinción de incendios forestales. Dicho acuerdo ha sido declarado nulo.

    En el mes de febrero el mismo tribunal declaró nulo una parte de otro ERE de la misma empresa que intentaba “quitarse de en medio” a 75 trabajadores del área de Estructuras.

    Un juez, o en este caso un tribunal, no declara la nulidad de las acciones cuestionadas a la ligera. La nulidad es la más radical de las consecuencias de una acción y solo se decreta cuando la acción discutida ha sido contraria a derecho. Es decir, en fraude de ley o vulnerando derechos fundamentales. Y por eso digo que me alegro que los echen para atrás, porque si están correctamente documentados y justificados deben ser admitidos como legales que son. Pero que se intenten quitar de encima a casi dos mil trabajadores de forma injustificada (porque de otra forma no podrían) me altera mi espíritu social.

    Recientemente, el Tribunal Supremo  ha echado para atrás otro ERE de una empresa de reparación de camiones  de limpiezas de residuos urbanos de Móstoles (Madrid) por defecto de formas. Iñigo Sagardoy abogado experto en la materia, según la publicación de Expansión de 23-4-13,  dice que no se debería exigir un rigorismo excesivo  a la empresa cuando sus pérdidas son un hecho notorio. Y yo pregunto ¿por qué no se ha de ser rigorista con una empresa que quiere despedir a un gran número de personas, por muy notorias que sean esas pérdidas? ¿Qué de malo hay en comprobar que los motivos que aluden para justificar el despido colectivo es verdad? No lo entiendo.

    En un decreto reciente relacionado con estos asuntos,  un juez de lo Social ha declarado como improcedente el despido de una pescadera en Jerez de la Frontera (Cádiz). A la mujer la despidieron al ser sorprendida comiéndose cinco cigalas. Se declaró la improcedencia del despido mediante decreto y no por sentencia al haberse llevado a un acuerdo en la conciliación y se indemnizó a la trabajadora con 20.000 euros.

   La pescadera fue sorprendida por las cámaras de seguridad cuando se comía, en su jornada laboral y de cara al público (supongo que envidioso), casi media docena de los sabrosos moluscos. La empresa  alegó en la carta de despido la pérdida de confianza. A pesar de las grabaciones la mujer negó los hechos.

   La empresa tenía argumentos de sobra para haber peleado el despido en sede judicial, pero decidió retirar las causas disciplinarias y reconoció la improcedencia del mismo.  Supongo que no deseaba dar publicidad a los hechos.

    El abogado de la despedida alega que la mujer, a pesar de la grabación, siempre negó que se comiera las cigalas, pero que no se puede justificar el despido, comparándolo con un hurto, por haberse comido una o dos cigalas. El abogado concluye diciendo que el probar una gamba o similar para detectar su punto óptimo de cocción es algo normal.

   Como vemos en el tema de los despidos hay que ver caso por caso y probar todas las causas alegadas para justificar los despidos. Hay que ser lo más rigoristas posibles, a pesar de lo notorio que puedan parecer las causas. Todo ello para intentar que sean despedidos, sólo y exclusivamente, para los que no exista otro remedio. Y sobre todo hay que cumplir la ley. Empresarios y trabajadores.

    En este punto, me surgen unas preguntas, ¿cuántas cigalas necesitaba la pescadera para ver el punto óptimo de cocción? ¿estaba en su media hora del bocadillo? y ¿al precio que están las cigalas, cuántas serían necesarias ser comidas para considerarlas un hurto?

Los buenos son malos y las víctimas los de siempre.

Quiero comentaros una sentencia del Tribunal Supremo, que he leído en la página Web de la Cadena Ser (la noticia fue escrita por Alberto Pozas el 25-2-13) que me parece execrable y no porque sea jurídicamente cuestionable, sino por los hechos que se recogen en ella.

Cuando alguien acude a un abogado lo hace por necesidad, no porque quiera compañía. Si nos viene un cliente es para que le solucionemos un problema y es nuestro deber ayudarlos como mejor sepamos, incluso sin garantizar el éxito, pero sí la buena praxis y por ello le emitimos las correspondientes minutas.

Como en todo colectivo, el gremio de abogados no está libre de profesionales sin escrúpulos, estafadores y malas personas. Pero lo que me lleva a traer aquí esta noticia es que engañar a tu propio cliente para beneficiarte tu, me parece de tan bajeza moral que tenía la necesidad de exponerlo para desahogarme. Pero a mayor hijoputez (no se me ocurre otra palabra más contundente), si encima si los clientes son una pareja que tienen discapacidades psíquicas y que ponen en las manos del abogado su futuro y el profesional los engaña cruelmente, dicho profesional, por llamarlo de alguna forma, no es digno de ejercer esta profesión y debe pudrirse en  la cárcel un buen período de tiempo hasta que se le quiten las ganas de volver a perpetrar tan vil acción.

Como digo el Tribunal Supremo ha confirmado, a Dios gracia,  dos condenas de seis años de cárcel para una abogada y una empleada del despacho Abogados que estafaron a la pareja con minusvalías psíquicas. Las dos condenadas  les convencieron de que, si querían recuperar a sus hijos, tenían que vender su casa y comprarse una más grande y mejor acondicionada. Las dos condenadas supervisaron el proceso de venta y, aprovechando la "indudable capacidad de comprensión" de las víctimas, se quedaron con el piso, que posteriormente vendieron para beneficio propio.

Explico el caso desde el principio. El matrimonio, acudió al despacho de abogados para intentar recuperar a sus hijos menores de edad, declarados en situación de desamparo e ingresados en un Centro de Protección de la Junta de Andalucía. Las dos condenadas convencieron al matrimonio, aprovechando la minusvalía psíquica de ambos, de que necesitaban mudarse a un piso más grande para que la Junta de Andalucía decidiera devolverles la custodia de sus hijos. Las dos orquestaron la venta del inmueble, propiedad de una de las víctimas y su hermana, y finalmente les hicieron vender la casa a una empresa propiedad de una de las condenadas. También aprovecharon su discapacidad para hacerles firmar las escrituras, en las que constaba el precio de la venta, aunque las víctimas no recibieron ningún dinero. Posteriormente, las estafadoras vendieron el piso por 115.000 euros.

Es el Tribunal Supremo quien confirma la condena que la Audiencia Provincial de Sevilla impuso a estas dos mujeres: seis años de cárcel para cada una por un delito agravado de estafa, los mismos años de inhabilitación para sus respectivas profesiones y también deberán indemnizar a las propietarias del piso, una de las víctimas y su hermana, con 178.920 euros.

Igualmente, según el periodista, no es la primera vez que una estafa procedente de ese despacho de abogados llega a los tribunales: un juzgado de Barcelona ordenó la paralización del desahucio de un ciudadano marroquí que denunció haber sido estafado por este mismo despacho.

Por lo que nos encontramos ante unos personajes que han estado perpetrando fechorías hasta que los han trincado y que no tenían ningún tipo de escrúpulos de engañar a los más débiles. Por ello desde aquí quiero dejar claro que esas personas no deben estar en un colectivo como es el de Abogados y a su vez, partir una lanza por el resto de profesionales que tan dura y dignamente nos ganamos la vida ejerciendo esta profesión.