Gallardón el ‘burocratizador’.

Seguimos con Gallardón que se está esforzando, y mucho, en ser el peor ministro de la historia. Hay egos que hunden a la propia persona portadora. Y él insiste en ser el más voraz aniquilando derechos.

Como decimos, continuamos analizando las andanzas de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante LOPJ) y los auténticos varapalos que se está llevando este señor, a fe mía, con toda justicia.

Otra (porque son muchas) de las cosas que quería cambiar este hombre con su reforma de la ley es que en el artículo 100 del anteproyecto el Tribunal Supremo debería establecer con antelación de un año el número de recursos de casación (los recursos que se presentan ante ese Alto Tribunal) que vaya admitir para el siguiente año. Así, por ejemplo el tribunal tendría que decir: el año 2015 se admitirán 1559 recursos. Todo ello independientemente de las controversias existentes y de la necesidad de los ajusticiados. Es decir, si superas la cuota te quedas fuera aunque tengas todas las razones para recurrir, aunque se haya infringido tu derecho y tengas los hechos y pruebas de tu parte.

Pero para mayor inri, o como diríamos en un escrito jurídico, a mayor abundamiento, el tipo quiere establecer por ley (artículo 101 del anteproyecto) que el Tribunal Supremo determine la longitud de los recursos. ¡Quiere que el Supremo determine el número de folios que va a tener tu recurso independientemente del número de argumentos, razones o sentencias en las que te apoyes para defender tu postura! Qué locura.

Pues bien, está tanta gente tan en contra del ministro actor (recordamos su actuación en la última película de Garci “Holmes & Watson: Madrid days”) que por primera vez en la historia el pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo se ha reunido en dos jornadas consecutivas para analizar las reformas pretendidas por este señor.

Y el cachiporrazo que se ha llevado también ha sido histórico. De treinta y seis magistrados, solo dos (supongo con pocas ganas de trabajar), apoyaron su reforma, tachándola de anticonstitucional.

También se ha cuestionado en estas reuniones y rechazado por la Sala III del T.S. la jurisprudencia vinculante que quiere imponer nuestro ministro más dicharachero, pero como ya lo analicé en otra entrada anterior no me detendré en ella, salvo por esto:

Quiere este adalid de la justicia que las Salas tengan que oír a las administraciones públicas antes de fijar su jurisprudencia vinculante para que estas den su visto bueno y que si un ciudadano la invoca los poderes públicos la podrán rechazar justificando sus razones (Art. 32). Es decir, este hombre quiere que exista una jurisprudencia que no se adapte a las necesidades de la cambiante sociedad y que encima los poderes públicos puedan saltarse. Es decir que los políticos, como siempre, se vayan de rositas.

Los jueces le han recordado que ellos se deben a la ley y no a la jurisprudencia ya que entonces esta no hubiera evolucionado nunca. Si los jueces no pudieran adaptar las sentencias al caso concreto existiría  indefensión para los ciudadanos ya que se vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva.

En definitiva, lo que quiere este hombre es burocratizar a los jueces y que no puedan ordenar tanto frente a los políticos que son los que, a su parecer, deben sostener la sartén por el mango.

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Gallardón, el allanador.

Gallardón está haciendo otra de las suyas. Ya ha modificado todo lo que ha podido en la vida judicial y nos ha metido con calzador una ley de tasas que solo quería él y que espanta de la tutela judicial a la gran mayoría de los ciudadanos. Todo lo que ha legislado ha tenido una onda repercusión y, casi todo, por no decir todo (aunque ahora no se me ocurre nada bueno) ha sido en detrimento de la accesibilidad de los ciudadanos a la justicia y a las libertades en general.

Pero lo peor de lo peor está por llegar. Pretende ahora modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante LOPJ).

Con la nueva regulación en curso quiere imponer el silencio de los jueces, obligándoles a ellos y a las asociaciones que los representan a guardar silencio de todos los procedimientos en curso so pena de sanción, por lo que la opinión pública dejaría de tener un análisis técnico cualificado cuando fueran requeridos para tal fin por cualquier medio. También quiere Gallardón que la única voz sea la del CGPJ, voz, como todos sabemos, altamente politizada.

Se les prohíbe realizar comentarios jurídicos o críticas a reformas legislativas de cualquier asunto, no pudiendo pronunciarse públicamente o mediante otro tipo de comportamientos.

Es más, el Consejo podrá ordenar a cualquier medio de comunicación o a un político que deje de informar sobre el trabajo de un juez. En caso de incumplimiento incurrirá en un delito contra la Administración de Justicia. No quieren controles ni opiniones.

Otra reforma es que los decanos de los jueces y las juntas de los jueces también desaparecerán. De la reunión de los 42 decanos de jueces españoles se extraen conclusiones que influyen a los demás jueces y que los políticos no pueden controlar. De hecho, los decanos y las juntas, han aportado soluciones y han acordado criterios ante vacíos legales en esta época de crisis, como es la solución ante las ejecuciones hipotecarias o determinar a partir de qué porcentaje es abusivo un interés de demora. No se admiten soluciones en beneficio del pueblo.

Otro punto de la reforma es que se eliminarán los juzgados de Paz, las Audiencias Provinciales y se crearán los tribunales de instancia en las capitales de provincias, por lo que la justicia estará más lejos de las personas que no vivan en ellas. Se deja de garantizar el juez natural que es aquel que te viene predeterminado constitucionalmente por el lugar donde vives.

Al desaparecer el juez decano se establece el presidente del tribunal de instancia que será nombrado por el CGPJ y será dependiente jerárquicamente del Consejo. Es decir, tendrá que obedecer.

La Audiencia Nacional también quedará reformada para que no existan los incómodos jueces estrellas, y se amplía el estatuto de aforados a la Reina, a su consorte y a los Príncipes de Asturias, pero lo peor, es que cuando un aforado abandone su cargo de diputado o ministro, no dejará de estar aforado, para que lo tengan que juzgar los jueces más amigos.

Pero lo que me parece peor de todo, no es lo anterior que ya de por sí tendría que hacer dimitir a todo el Gobierno por limitar nuestras libertades y derechos, como digo, lo auténticamente maléfico es lo siguiente:

Se crea la jurisprudencia vinculante.

Me podríais decir todos que hasta ahora la jurisprudencia vinculaba, pero no es así exactamente. La jurisprudencia vincula, por el momento, si se daban ciertos requisitos como era similitud de objeto procesal y acción. Es decir, que para casos similares soluciones iguales, pero es que ahora, los juzgados de primera instancia, que son los que tienen contacto directo con los ciudadanos, los que adaptan las sentencias del supremo a las necesidades concretas del caso y se adecuan a las cambiantes realidades sociales, ahora no van a poder hacerlo.

No ha gustado entre los distintos poderes económicos (bancos o grandes compañías a las que luego pertenecerán los políticos tras esa puerta giratoria existente) las soluciones judiciales tomadas por los jueces de instancia y Audiencias Provinciales con el establecimiento de cláusulas abusivas de contratos, productos financieros complejos (tema de preferentes), etc. Este poder económico está enfadado, quería ganar más y más rápido de lo que le están dejando los jueces.

Igualmente, la reforma no permite a los jueces dejar de aplicar las normas españolas cuando colisiones con las europeas (como pasó con el tema de la protección al consumidor y los bancos) sino que obligará, aunque estén en colisión ambas leyes a cumplir la nacional mientras no se legisle para su adaptación.

Por tanto, no se quiere al juez independiente que adopte soluciones según su criterio y en aras de la realidad que observa, se quiere que lo que dictamine el supremo se escriba en piedra y no pueda ser modificado por un juez de provincias o de pueblo que considere que un don nadie tiene más derechos que una empresa de miles de empleados y que factura millones de euros.

En resumen, se quiere que se haga siempre lo que digan los políticos y que no vaya a venir ningún juececillo con ganas de protagonismo a cuestionar la legalidad de sus acciones. Los políticos quieren ser todopoderosos y estar por encima de la ley. Y Gallardón está allanando el camino.

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