Gallardón, el allanador.

Gallardón está haciendo otra de las suyas. Ya ha modificado todo lo que ha podido en la vida judicial y nos ha metido con calzador una ley de tasas que solo quería él y que espanta de la tutela judicial a la gran mayoría de los ciudadanos. Todo lo que ha legislado ha tenido una onda repercusión y, casi todo, por no decir todo (aunque ahora no se me ocurre nada bueno) ha sido en detrimento de la accesibilidad de los ciudadanos a la justicia y a las libertades en general.

Pero lo peor de lo peor está por llegar. Pretende ahora modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante LOPJ).

Con la nueva regulación en curso quiere imponer el silencio de los jueces, obligándoles a ellos y a las asociaciones que los representan a guardar silencio de todos los procedimientos en curso so pena de sanción, por lo que la opinión pública dejaría de tener un análisis técnico cualificado cuando fueran requeridos para tal fin por cualquier medio. También quiere Gallardón que la única voz sea la del CGPJ, voz, como todos sabemos, altamente politizada.

Se les prohíbe realizar comentarios jurídicos o críticas a reformas legislativas de cualquier asunto, no pudiendo pronunciarse públicamente o mediante otro tipo de comportamientos.

Es más, el Consejo podrá ordenar a cualquier medio de comunicación o a un político que deje de informar sobre el trabajo de un juez. En caso de incumplimiento incurrirá en un delito contra la Administración de Justicia. No quieren controles ni opiniones.

Otra reforma es que los decanos de los jueces y las juntas de los jueces también desaparecerán. De la reunión de los 42 decanos de jueces españoles se extraen conclusiones que influyen a los demás jueces y que los políticos no pueden controlar. De hecho, los decanos y las juntas, han aportado soluciones y han acordado criterios ante vacíos legales en esta época de crisis, como es la solución ante las ejecuciones hipotecarias o determinar a partir de qué porcentaje es abusivo un interés de demora. No se admiten soluciones en beneficio del pueblo.

Otro punto de la reforma es que se eliminarán los juzgados de Paz, las Audiencias Provinciales y se crearán los tribunales de instancia en las capitales de provincias, por lo que la justicia estará más lejos de las personas que no vivan en ellas. Se deja de garantizar el juez natural que es aquel que te viene predeterminado constitucionalmente por el lugar donde vives.

Al desaparecer el juez decano se establece el presidente del tribunal de instancia que será nombrado por el CGPJ y será dependiente jerárquicamente del Consejo. Es decir, tendrá que obedecer.

La Audiencia Nacional también quedará reformada para que no existan los incómodos jueces estrellas, y se amplía el estatuto de aforados a la Reina, a su consorte y a los Príncipes de Asturias, pero lo peor, es que cuando un aforado abandone su cargo de diputado o ministro, no dejará de estar aforado, para que lo tengan que juzgar los jueces más amigos.

Pero lo que me parece peor de todo, no es lo anterior que ya de por sí tendría que hacer dimitir a todo el Gobierno por limitar nuestras libertades y derechos, como digo, lo auténticamente maléfico es lo siguiente:

Se crea la jurisprudencia vinculante.

Me podríais decir todos que hasta ahora la jurisprudencia vinculaba, pero no es así exactamente. La jurisprudencia vincula, por el momento, si se daban ciertos requisitos como era similitud de objeto procesal y acción. Es decir, que para casos similares soluciones iguales, pero es que ahora, los juzgados de primera instancia, que son los que tienen contacto directo con los ciudadanos, los que adaptan las sentencias del supremo a las necesidades concretas del caso y se adecuan a las cambiantes realidades sociales, ahora no van a poder hacerlo.

No ha gustado entre los distintos poderes económicos (bancos o grandes compañías a las que luego pertenecerán los políticos tras esa puerta giratoria existente) las soluciones judiciales tomadas por los jueces de instancia y Audiencias Provinciales con el establecimiento de cláusulas abusivas de contratos, productos financieros complejos (tema de preferentes), etc. Este poder económico está enfadado, quería ganar más y más rápido de lo que le están dejando los jueces.

Igualmente, la reforma no permite a los jueces dejar de aplicar las normas españolas cuando colisiones con las europeas (como pasó con el tema de la protección al consumidor y los bancos) sino que obligará, aunque estén en colisión ambas leyes a cumplir la nacional mientras no se legisle para su adaptación.

Por tanto, no se quiere al juez independiente que adopte soluciones según su criterio y en aras de la realidad que observa, se quiere que lo que dictamine el supremo se escriba en piedra y no pueda ser modificado por un juez de provincias o de pueblo que considere que un don nadie tiene más derechos que una empresa de miles de empleados y que factura millones de euros.

En resumen, se quiere que se haga siempre lo que digan los políticos y que no vaya a venir ningún juececillo con ganas de protagonismo a cuestionar la legalidad de sus acciones. Los políticos quieren ser todopoderosos y estar por encima de la ley. Y Gallardón está allanando el camino.

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