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martes, 3 de diciembre de 2013

Traslados y desplazamiento (y II)



(Viene de una entrada anterior)


Traslado colectivo:

El traslado podrá ser considerado colectivo cuando afecte a todo el centro (en empresas de más de cinco trabajadores) o si en un periodo de 90 días, afecta a:

·                   10 trabajadores (en las empresas de menos de 100 trabajadores)
·                   10% de los trabajadores (en empresas de 100 a 300 trabajadores)
·                   30 trabajadores (en empresas de más de 300 trabajadores)

Habrá un periodo de consultas de 15 días entre los representantes legales y la empresa en los que se tratará y negociará:

a)                las causas motivadoras de la decisión empresarial
b)               la posibilidad de evitar o reducir sus efectos
c)                las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados

Si no hay acuerdo, hasta llegar una resolución judicial, el traslado se paraliza.

Si la empresa hace traslados sucesivos de menos trabajadores para evitar la negociación colectiva con los representantes de los trabajadores se considerará que está realizando fraude de Ley y los traslados se considerarán nulos y sin efecto.

Derechos de los trabajadores afectados por el traslado (colectivo o individual).

Si uno de los cónyuges tiene que cambiar de localidad de residencia por traslado de centro de trabajo, y su pareja trabaja en la misma empresa, este tendrá derecho al mismo traslado siempre que haya puesto libre en el nuevo destino.

Igualmente, las trabajadoras víctimas de violencia de género y trabajadores con discapacidad tienen preferencia a traslado de centro de trabajo si hubiera plaza.

Los desplazamientos.

Los desplazamientos son los que podríamos llamar como traslados temporales. Estos también tendrán que estar justificados por las razones siguientes:

·                    económicas
·                    técnicas
·                    organizativas
·                    de producción,
·                    o por contrataciones referidas a la actividad empresarial

La empresa puede realizar desplazamientos temporales de sus trabajadores que impliquen cambio de población distinta de la de su domicilio habitual. Para ello la empresa tiene que abonar al trabajador su salario, por supuesto, los gastos del viaje y las dietas para permanecer en dicho destino.

Asimismo, el trabajador afectado  por el desplazamiento tiene derecho a:

·                    Ser informado del desplazamiento con antelación suficiente (5 días laborables si el desplazamiento es superior a 3 meses).
·                    4 días laborables en su domicilio de origen por cada 3 meses de desplazamiento (con gastos a cargo del empresario).

Como hemos dicho, se considera Traslado si un desplazamiento dura más de 12 meses (en el periodo de 3 años), si es menos tiempo será desplazamiento.

Desempleo

En el caso de que se decida por el trabajador no aceptar el traslado ordenado por la empresa se extinguirá su relación laboral. Y tendrá que darse de alta en el servicio público de empleo.

Según el artículo 208.1.1e)  de la Ley General de la Seguridad Social:

“1. Se encontrarán en situación legal de desempleo los trabajadores que estén incluidos en alguno de los siguientes supuestos:

1. Cuando se extinga su relación laboral:

e) Por resolución voluntaria por parte del trabajador, en los supuestos previstos en los artículos 40 [el que nos afecta en este caso por movilidad geográfica], 41.3, 49.1.m) y 50 del Estatuto de los Trabajadores.”

Según el artículo 1 del Real Decreto 625/1985 de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo, se acreditará la situación legal de desempleo:

“La situación legal de desempleo se acreditará de la siguiente forma:

Uno. Cuando se extinga la relación laboral:

g) Por resolución de la autoridad laboral autorizando el traslado del trabajador y certificación del empresario de que aquél ha optado por la extinción del contrato.”

Según el SEPE en las situaciones legales de desempleo que no se acrediten con el Certificado de Empresa se podrá acreditar:

Mediante Acta de conciliación administrativa o judicial en la que se reconozca la decisión del trabajador por no optar por el traslado (el SEPE habla del artículo 50 y despidos no de traslados)


No obstante, según el SEPE para acreditar tal situación en trabajador bastará con aportar el trabajador la carta en la que le comunican que se procede al traslado firmada y sellada por la empresa, la carta del trabajador contestando que no acepta el traslado propuesto y un certificado de empresa donde aparezca reflejada expresamente que la extinción laboral es por la no aceptación del traslado propuesto.

Pues eso es más o menos todo. Espero haberos ayudado.

lunes, 21 de octubre de 2013

Seguridad Social, orígenes y situación actual (y I)




   Hoy me ha llegado por correo una carta de la Seguridad Social. Al principio como todas esas cartas las abres con recelo y luego, la mayoría de las veces, aunque no todas porque las hay puñeteras, suspiras de alivio. Era la comunicación que hacen cada año de la Vida Laboral. Y este año te la envían muy bonita, con muchos colores, pero con menos datos que antes. Menos estadísticas.  Eso me hizo pensar en que antes enviaban más datos comparativos y sabíamos cómo nos iba a nivel global. Y eso me escamó.

   A consecuencia de ello decidí investigar el tema. Y por eso, queridos sufridores,  voy a hablaros de dos cuestiones de la Seguridad que siempre había tenido en mente. La primera es ¿cuándo se creó la Seguridad Social y qué político decidió crear esta singular entidad pública? Ya que siempre he escuchado historias al parecer contradictorias.

   La segunda es sobre cómo se encuentra actualmente y cuál es su futuro de la Seguridad Social.

   Pero, como diría Jack “el destripador”, vayamos por partes.  


   La creación de la Seguridad Social.

   Siempre había pensado, porque así lo había escuchado en fervientes debates de la televisión y radio que  nuestra Seguridad Social había sido creada alrededor del año 1940. En plena época franquista. Era un dato muy sorprendente y que hinchaba el pecho de «orgullo y satisfacción» a los que lo defendían. Y eso era esgrimido por los apasionados defensores de aquella época como uno de los motivos por los que la dictadura no fue tan mala. Y había que saber la verdad.

   Es cierto que en la época de la dictadura se crearon unas leyes que fueron la base de la actual Seguridad Social. Hasta 1942 no se promulgó la Ley de Seguro de Enfermedad, de 14 de diciembre (una ley extrañamente progresista proveniente de un régimen antidemocrático ya que entendía que el derecho a  la salud es un derecho universal) y en 1947 la Ley de Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, la conocida todavía hoy como  SOVI. Estas leyes fueron un impulso para proteger a aquellas personas que llegaban a la jubilación y que estaban incapacitadas para trabajar, aunque fuera temporalmente.

   A pesar del aislamiento al que estaba sometida España tras la Guerra Civil y la consiguiente dictadura posterior, nuestro Legislador de aquella época no era ajeno a las necesidades de la población y a lo que acontecía en el resto de Europa. Ya estaba muy extendido en el Derecho Comparado[1] que en todos los países civilizados existía una protección, de desigual cobertura en cada Estado, para las personas que dejaban de trabajar por uno u otro motivo. En el año 1963 se promulgó la Ley de Bases de la Seguridad Social cuyo objetivo principal era la implantación de un modelo unitario e integrado de protección social, con una base financiera de reparto (es decir, mis cotizaciones actuales financian a los jubilados de hoy), gestión pública y participación del Estado en la financiación. Estos principios se plasmaron en la Ley General de la Seguridad Social de 1966 y que entró en vigencia el 1 de enero de 1967.
   
   Pero no es menos  cierto (y sin restarle mérito a esas leyes) que el germen de la idea de la Seguridad Social, también influenciado por los movimientos europeos (especialmente inglés y alemán) lo tuvieron los políticos de los últimos años del reinado de Alfonso XII. Corría el año 1883 cuando estos políticos presididos por José de Posada Herrera decidieron crear la Comisión de Reformas Sociales que se encargó del “estudio de cuestiones para la mejora y bienestar de la clase obrera”. Esta comisión dio lugar a que en 1.900, en plena Regencia de María Cristina de Habsburgo y estando encargado del Gobierno el presidente Silvela, se creara el primer seguro social en la Ley de Accidentes de Trabajo (ley centrada en la forma de comunicar los accidentes de trabajo a las autoridades, que se aplicó con muchos problemas por falta de archivos o por la inexistencia de sanción al no cumplir con la comunicación y que se aplicó en un principio solamente en la industria y residualmente en el ámbito agrícola) y que en 1908, ya en el Gobierno de Eduardo Dato, apareciera el Instituto Nacional de Previsión en la que se integrarían las cajas que gestionan los seguros sociales que iban surgiendo y que se mantendría hasta 1978.

   Pues en la práctica y en la teoría podemos decir que la Seguridad Social se perfeccionó durante la época de la Dictadura de Franco, pero sus inicios los encontramos en las leyes mencionadas de 1900 y siguientes de la época de la Restauración Borbónica. Es por ello, que la afirmación de que Franco creó la Seguridad Social habría que matizarla mucho cada vez que la escuchemos.


   (En la próxima entrada hablaremos de la situación actual de la Seguridad Social)





[1] El Derecho Comparado es el método de estudio del Derecho que se basa en la comparación de las distintas soluciones que ofrecen los distintos ordenamientos jurídicos para los mismos casos planteados.