El 11 de mayo de
2013 los senadores chilenos decidieron que su país ya no tendría más semillas.
A partir de la aprobación de esa ley, las semillas que quieran plantar los
agricultores chilenos tendrán que comprarlas a Monsanto.
Las plantaciones
transgénicas ya existían en ese país sudamericano, pero hasta ese día los
agricultores podían elegir si usarlas o no. Ya no. Dicha medida ha enojado a
muchos ciudadanos de aquel país y tan solo hay que teclear “Monsanto y Chile”
en Google para ver las reacciones en contra. De hecho, en foros y blogs de
aquel país se comenta que se van conociendo las consecuencias de los cultivos
con semillas transgénicas. A las plantas que nacen de estas semillas hay que
aplicarles venenos que son tan mortíferos (ya que les afectan insectos y plagas
distintas al de las plantas orgánicas) que en los pueblos cercanos a dichos
cultivos comienzan a enfermar con cáncer y se incrementa en el número de
malformaciones al nacer. Todo ello unido a la desertización del suelo que
ocasionan esos insecticidas, la masiva contaminación ambiental, la muerte de
las abejas, y la disminución de la
polinización natural.
Ya en Europa, y
concretamente en Francia, hace unos años, con Sarkozy en el gobierno y antes de
la ley que quiere aprobar la Unión Europea unificando legislaciones, el gobierno
francés suspendió el cultivo del maíz transgénico, alegando como motivo que,
según los últimos estudios de aquella época, ese maíz tenía efectos no deseados
sobre el medio ambiente y que necesitaba nuevos estudios sobre su impacto en la
salud humana. El ministro galo, François Fillon, que comunicó tal medida,
anunció que lo hacía aplicando “la cláusula de salvaguarda”. Cláusula prevista
en una directiva europea y que determina que si
un país tiene nueva información de que un transgénico sea peligroso para
el medio ambiente o la salud humana, se podrá restringir o prohibir
temporalmente el uso o la venta de ese transgénico.
Esa cláusula de
salvaguarda hizo que el gobierno italiano el 4 de agosto de 2000 publicara un
decreto en el que paralizaba la comercialización y producción de los
transgénicos. Dicha medida por supuesto fue impugnada judicialmente por las
empresas afectadas, entre ellas Monsanto y Pioneer.
Alemania, Hungría,
Polonia, Bélgica, Gran Bretaña, Bulgaria, Irlanda, Eslovaquia y Austria también
han prohibido el uso del maíz transgénico, pero en España se defendió su
cultivo. Nuestro glorioso país es uno de donde más se cultiva el transgénico
Mon 810, creada por Monsanto y aprobada por la Unión Europea en 1998. En los
últimos años se ha incrementado dichos cultivos en nuestro país un 39%[1],
alcanzando las 75.148 hectáreas cultivadas. Donde más se incrementó fue en
Aragón con 35.860 hectáreas y en Cataluña con 23.013 hectáreas.
El anterior
Presidente del gobierno autonómico gallego, Emilio Pérez Touriño, no tuvo en
cuenta los argumentos de sus socios nacionalistas en el gobierno que se
mostraban contrarios a la plantación de transgénicos en su comunidad autónoma y
argumentó que “estamos hablando de proyectos impulsados por la UE, respaldados
por el Gobierno español, y con el aval de los organismos medioambientales de la
Xunta.” Como veis toda una garantía.
Acto inmediato se
creó una plataforma gallega anti transgénicos para que no se permitieran dichos
cultivos en la zona a imitación de las comunidades asturiana y vasca que ya se
habían declarado zonas libres de esos cultivos.
El gobierno actual
del Sr. Rajoy, con el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
Miguel Arias Cañete al frente, ante la pregunta de la diputada de ICV, Laia Ortiz,
manifestó[2]
que “El maíz Mon -810 ha resultado ser
una solución en la lucha contra la plaga del taladro para muchos agricultores
de amplias regiones españolas como la del Valle del Ebro. El cultivo de este
maíz ha permitido ahorrar a los agricultores muchos litros de insecticidas y
pasadas de tractor” terminando con “es una opción más respetuosa con el medio
ambiente que el maíz convencional”.
Es curioso este
disfraz de defensores de la empresa de nuestros políticos y que, como ejemplo,
según de el periódico inglés The
Independent, la multinacional en la cantina de la factoría que posee en
Gran Bretaña le ofrezca a sus empleados la opoción de no consumir alimentos
transgénicos. Dato extraño ¿no creen?
No todo está perdido.
Ante el aluvión de
críticas recibidas la UE va a modificar la ley presentada. Entre otros puntos
alterados, se permitirá que agricultores
con menos de diez trabajadores contratados puedan cultivar sus huertos y
comercializarlos sin trabas algunas.
Igualmente, y hace tan
solo unos días, la multinacional Monsanto ha manifestado que deja de hacer más
lobby en Europa tras años infructuosos alegando que es “contraproducente luchar
contra molinos de vientos”. Así se ha explicado la portavoz de la empresa en
Alemania al anunciar que desistían en sus tentativas de introducir las plantas alteradas
genéticamente en el mercado europeo. Y todo ello, según la empleada, por la insuficiente
demanda por parte de nuestros agricultores. ¿Será por eso o porque el lobby ya ha
conseguido su fin?
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