Ayer hubo mucho movimiento político y periodístico por culpa de la “hipotética” reunión
secreta entre el presidente Rajoy y Mas.
Tan tensa es la situación interna actual que cualquier atisbo de reunión
o llamadas se convierte en noticia. De hecho sonaba tan fuerte el rumor del
encuentro que el gobierno regional catalán tuvo que sacar un comunicado desmintiendo
dicha noticia. Tan alto fue el murmullo que Mas se planteó salir al balcón para
que vieran que estaba allí. No me lo creo ni que no hubiera reunión.
Sin embargo, tras el intento de los periodistas de
verificar la noticia con la Moncloa, esta se limitó a comunicar que el
presidente del gobierno no acostumbra a informar sobre su agenda privada.
¿Acaso un presidente del gobierno tiene derecho a
tener agenda privada, a parte de su vida familiar? Rajoy tendría que rendir
cuentas por todo lo que hace mientras es jefe del gobierno y viva en la Moncloa.
Salvo lo estrictamente familiar (y no todo, sino que le pregunten a Hollande), lo demás es asunto público. Por eso vive en un
palacete que no es suyo y a costa de los ciudadanos.
Pero además, una reunión entre el presidente del
gobierno y el presidente de una comunidad que quiere independizarse y que está
acusando a España de que le roba, en el caso de existir, no puede ser privada.
Será todo lo discreta que se necesite, pero no privada hasta el punto de no
informar ni si quiera a posteriori.
¿Qué les pasa a nuestros políticos?
El sueldo de Presidente de Gobierno así como el de
los diputados lleva unos pluses que tienen que asumir. La obligación de
informar, ser transparentes y honrados en sus quehaceres va implícito en el
cargo.
Se puede cabrear muchísimo la vicepresidenta Soraya
porque unos jueces (a los que ya les están sacando informes sobre su
parcialidad) hayan dicho que el escrache que hicieron unos ciudadanos en su
domicilio no era sancionable. Se pueden
cabrear todos los de ABC, La Razón, 13 TV e Intereconomía, el Ministerio Fiscal
y el propio Gobierno en pleno, pero el que unos manifestantes griten durante
veinte minutos “sí se puede, pero no quieren” o “Soraya, Soraya, quién paga tu
casa” no debería ser, en un país democrático, un motivo para condenar a nadie.
Es más, algo que no se ha comentado mucho es que la jueza que examina el caso lo hace en
segunda instancia. Porque es su Sección 16ª de la Audiencia Provincial de
Madrid, la que únicamente ha confirmado el archivo de las actuaciones decretado
por el juez Sexmero.
Es más, pudo simplemente rechazar el recurso por
extemporáneo. El ministerio público, en un alarde de su profesionalidad,
presentó el recurso doce días fuera de plazo. Como digo, la Audiencia
Provincial pudo rechazar el recurso sin entrar a conocer el fondo del mismo,
pero por “evidentes razones de interés público” procedió a hacerlo.
Lo primero que hace la Audiencia es confirmar las
palabras del juez Sexmero. Luego rechaza todos los intentos del fiscal de
considerar delito lo allí sucedido. En cuanto a la Vicepresidenta sostiene el
Auto que “no se exterioriza que la finalidad perseguida [por el escrache] sea
la de quebrantar la voluntad política de la vicepresidenta, salvo que todo
legítimo intento o deseo de influir en el criterio de otro sea calificado como
tal”, que los manifestantes no portaban armas, ni se produjeron daños a
objetos o bienes a terceros.
La Audiencia Provincial considera “evidente” que las manifestaciones y
concentraciones se producen como “medio de protesta” y son “un mecanismo
ordinario de participación democrática y expresión del pluralismo”. Y continúa:
“Y lo mismo puede decirse del presente caso, sin que la particularidad de
haberse producido frente al domicilio de la vicepresidenta del Gobierno le
confiera otro carácter”.
Es decir, por ser vicepresidenta del Gobierno no se
te confieren derechos extraordinarios, ni reuniones secretas con otros
políticos. Como todo político tiene que estar sometido a la opinión pública y
al visto bueno de los ciudadanos. Por eso, si lo haces mal en tu gestión y los
ciudadanos protestan tienes que aguantarte porque manifestarse durante 20
minutos es un precio demasiado pequeño para el mal que muchos españoles están sufriendo a causa de sus decisiones.
Por ello, ningún político puede tener derechos
extraordinarios o agendas privadas cuando su sueldo y su tan cómodo estilo de
vida se lo estamos sufragando entre todos, con las dificultades que a muchos
esos impuestos les provocan.
Que hubieran escogido otra forma de ganarse la
vida.
Copyright de la imagen http://alejandromartinezvelez.blogspot.com.es/2013/04/escrache-en-la-casa-de-soraya-sanez-de.html
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