Seguimos con Gallardón que se está esforzando, y
mucho, en ser el peor ministro de la historia. Hay egos que hunden a la propia
persona portadora. Y él insiste en ser el más voraz aniquilando derechos.
Como decimos, continuamos analizando las andanzas
de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante LOPJ) y los auténticos
varapalos que se está llevando este señor, a fe mía, con toda justicia.
Otra (porque son muchas) de las cosas que quería
cambiar este hombre con su reforma de la ley es que en el artículo 100 del
anteproyecto el Tribunal Supremo debería establecer con antelación de un año el
número de recursos de casación (los recursos que se presentan ante ese Alto
Tribunal) que vaya admitir para el siguiente año. Así, por ejemplo el tribunal
tendría que decir: el año 2015 se admitirán 1559 recursos. Todo ello independientemente
de las controversias existentes y de la necesidad de los ajusticiados. Es decir,
si superas la cuota te quedas fuera aunque tengas todas las razones para
recurrir, aunque se haya infringido tu derecho y tengas los hechos y pruebas de
tu parte.
Pero para mayor inri, o como diríamos en un
escrito jurídico, a mayor abundamiento, el tipo quiere establecer por ley
(artículo 101 del anteproyecto) que el Tribunal Supremo determine la longitud
de los recursos. ¡Quiere que el Supremo determine el número de folios que va a tener
tu recurso independientemente del número de argumentos, razones o sentencias en
las que te apoyes para defender tu postura! Qué locura.
Pues bien, está tanta gente tan en contra del
ministro actor (recordamos su actuación en la última película de Garci “Holmes
& Watson: Madrid days”) que por primera vez en la historia el pleno de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo se ha reunido en dos
jornadas consecutivas para analizar las reformas pretendidas por este señor.
Y el cachiporrazo que se ha llevado también ha
sido histórico. De treinta y seis magistrados, solo dos (supongo con pocas
ganas de trabajar), apoyaron su reforma, tachándola de anticonstitucional.
También se ha cuestionado en estas reuniones y
rechazado por la Sala III del T.S. la jurisprudencia vinculante que quiere
imponer nuestro ministro más dicharachero, pero como ya lo analicé en otra
entrada anterior no me detendré en ella, salvo por esto:
Quiere este adalid de la justicia que las Salas
tengan que oír a las administraciones públicas antes de fijar su jurisprudencia
vinculante para que estas den su visto bueno y que si un ciudadano la invoca
los poderes públicos la podrán rechazar justificando sus razones (Art. 32). Es decir,
este hombre quiere que exista una jurisprudencia que no se adapte a las
necesidades de la cambiante sociedad y que encima los poderes públicos puedan
saltarse. Es decir que los políticos, como siempre, se vayan de rositas.
Los jueces le han recordado que ellos se deben a
la ley y no a la jurisprudencia ya que entonces esta no hubiera evolucionado
nunca. Si los jueces no pudieran adaptar las sentencias al caso concreto existiría
indefensión para los ciudadanos ya que
se vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva.
En definitiva, lo que quiere este hombre es
burocratizar a los jueces y que no puedan ordenar tanto frente a los políticos que
son los que, a su parecer, deben sostener la sartén por el mango.
Copyright de la imagen: http://chrismielost.blogspot.com.es/2011/04/cuando-la-pobreza-ofende-la-mirada.html
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