No, a las tasas judiciales

La Ministra francesa de Justicia, Cristiane Taubira, ha anunciado que en Francia, desde el pasado 1 de enero ya no se cobrarán tasas judiciales. En nuestro país vecino se pagaban tan solo 35 euros por procedimiento. Aquí las tasas la mayoría pasan de los 300 ó 500 euros (llegando en ocasiones hasta a varios miles de euros), según jurisdicción y cuantía.

Pues, a pesar de esos 35 euros, en Francia se ha considerado que esa tasa “es una penalización para los más vulnerables y una restricción a su acceso a la Justicia”.

Allí, se ha llegado a esta conclusión tras el conceso logrado entre las partes afectadas, es decir, miembros judiciales, abogados, y ciudadanos en general. Aquí al  consenso (y más en el Ministerio de Gallardón) ni está ni se le espera, como diría aquel. Los números de diputados hacen que el rodillo parlamentario aplaste cualquier intento de consenso. Así nos va.

Las tasas judiciales en España son una vulneración del derecho que tiene todo ciudadano, sobre todo los más vulnerables, a la tutela judicial efectiva consagrada en nuestra Constitución.

Con las tasas judiciales se han creado varias clases de ciudadanos. Tres grupos concretamente. En los dos primeros encontramos a los ciudadanos que tienen acceso a la justicia gratuita, pues sus niveles de rentas son mínimos, y a los que sí pueden acceder al pago de esas tasas, es decir, los que tienen un nivel adquisitivo alto o muy alto. Y luego encontramos el tercer grupo, la gran mayoría, es decir, el resto. Casi todos los españoles que antes pertenecíamos a la clase media estamos en este grupo. Somos los que no podemos acceder a la justicia gratuita pero que tampoco acudimos a los juzgado por lo caro que sale intentar defender nuestros derechos. Como lo hagas los gastos ocasionados te fastidian varios meses.

Esto nos lleva a la conclusión que existe un gran grupo de ciudadanos  que para este Gobierno y especialmente para el ministro de Justicia somos de segunda división. La igualdad de todos los españoles ante la Justicia (no, no estoy hablando ahora del caso de la Infanta)  como principio inspirador de nuestro ordenamiento jurídico no solo queda en entredicho, sino que ha sido asesinado.

Igualmente, las grandes empresas, las que facturan más de 6 millones de euros al año (prácticamente, aseguradoras y bancos) se han visto beneficiadas porque antes, hace unos años, eran ellas, en exclusividad, las que pagaban estás tasas y ahora al igualar el rasero a todos los administrados han visto como “sus tasas” se han reducido notablemente.

Pero para mayor inri, según el Presidente del Consejo General de la Abogacía Española, el dinero recaudado por el Ministerio de Justicia por estas tasas no es destinado a la mejoría de la Justicia Gratuita o para las Comunidades Autónomas con competencia en la materia de la Justicia, como habían prometido cuando justificaban la creación de las mismas.

No. El dinero de las tasas no solo no llega a esos destinos que se habían asignado, sino que, simplemente no se sabe dónde va destinado ni a cuánto asciende lo recaudado. En los presupuestos del 2014 no existe ninguna partida que especifique el destino de esas tasas, por lo que supongo que irá destinado a las arcas de Hacienda. Preguntado el Ministro sobre este tema ha respondido que en el 2015 “ya veremos”.

Por todo lo anterior, podemos afirmar que la creación de las tasas en España tenían tres objetivos finales: Primero, hacer desistir a los ciudadanos de acudir a la justicia para defender a sus derechos, segundo, afán recaudatorio o la creación de un impuesto camuflado y tercero el beneficiar a las grandes empresas.

Como viene siendo habitual ya en este gobierno, todo tiende a la privatización y al  'hacer negocio'. Cada vez se olvidan más de quienes les votaron, me refiero a los ciudadanos en general,  a los que tan solo ven como simples y molestos números.

Estoy absolutamente convencido de que muchos de los que los votaron se han arrepentido de su elección.